El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia ha aprobado la interposición del recurso contra los nuevos planes de cuenca del Tajo, que suponen un recorte del caudal del trasvase hacia el río Segura de prácticamente la mitad.
En la rueda de prensa posterior, el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, ha señalado que el recurso ante el alto tribunal se interpone para defender los intereses de los regantes murcianos y de todo el Levante español.
Por su parte, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha denunciado ese "recorte" aprobado por el Consejo de Ministros, ha dicho, de manera "sectaria e ideológica", sin ningún "fundamento técnico ni científico" y provocando un perjuicio a todo el levante español.
Para López Miras, es fundamental conservar, mantener y defender" una infraestructura, la del trasvase, que son "las arterias de la vida en España", que demuestran que "somos una nación vertebrada y unida". El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia "ha hecho también un alegato sobre el nivel de reutilización y depuración de las aguas residuales urbanas, que llega hasta el 98 por ciento del total frente al 9 por ciento de media en el resto del país". Además, ha puesto en valor la modernización en las técnicas de riego y de cultivo que han permitido que con solo el 3 por ciento de agua de riego que se usa en toda España se produzcan un 25 por ciento de las frutas y hortalizas que exporta España.
Para López Miras, "defender el agua es defender nuestras historia, nuestro presente, pasado y futuro", ha dicho, y ha insistido en la idea de que el agua "es vida" y es "esencial" para el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.
Por otra parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, y el de Andalucía, Juan Manuel Moreno, han anunciado también la presentación de sendos recursos en el Tribunal Supremo contra la reducción de los caudales del trasvase, una decisión que ha motivado el anuncio de García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, de que acudirá también a los tribunales para defender la necesidad de reducir el agua trasvasada tal y como ha decretado el Gobierno de Pedro Sánchez.