Según los documentos internos de la propia Junta de Andalucía, el bufete Olivencia fue elegido por la propia Junta por su especialización en Derecho Comunitario. Fue el presidente del IFA entonces, el hoy imputado ex consejero de Empleo, Antonio Fernández García, el que visó el contrato del despacho del catedrático y fue el IFA el único organismo que tuvo relación con el despacho de Olivencia. Si el pago de la factura por sus honorarios ha aparecido, como insinuaba El País, en los "fondos de reptiles" de la Consejería de Empleo, alguien debe haber trasladado la factura de un sitio a otro o -cosa improbable pero no imposible- se ha duplicado la factura no se sabe con qué fines.
El PP insinuó ayer que la factura ha sido manipulada por la Junta para simular que fue pagada con el "fondo de reptiles" e intentar involucrar a Olivencia. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, explicó que es "imposible" que el trabajo realizado por el despacho de Olivencia se pueda vincular al 31L —la citada partida presupuestaria—, ya que fue contratado y pagado por el IFA, mientras que el citado programa es de la Consejería de Empleo, por lo que se ha podido cometer una "manipulación muy grave para intentar tapar otros asuntos vergonzosos de la Junta".
En una nota interna del propio IFA, Instituto de Fomento de Andalucía, se reconoce que era preciso, para afrontar la selección de los posibles candidatos interesados en la adjudicación de las actividades externalizables de Santana Motor, la incorporación de un asesoramiento jurídico completo para las circunstancias de la negociación y para la preparación de los contratos con las empresas adjudicatarias.
Por ello, la Junta contactó con el bufete Olivencia-Ballester pero asimismo con el bufete Garriges & Andersen, por su reconocido prestigio.
Pero finalmente, la Junta, vía IFA, eligió esta última vía por su gran experiencia en legislación comunitaria, factor de relevancia en el proceso de Santana Motor. Y se alude incluso a anteriores colaboraciones con el IFA en la que destaca el firmante de la nota interna,Juan Carlos Ollero Pina, director de Empresas Participadas y Gestión de Activos, la "profesionalidad" del equipo del bufete seleccionado.
Según fuentes del entorno del despacho de Olivencia, quien contrató, trató y pagó al despacho tras la prestación de sus servicios fue el Instituto de Fomento de Andalucía, no la Consejería de Empleo por lo que no es explicable cómo sus facturas pueden aparecer en la partida 31 L, considerada como la propia de "fondos de reptiles".
La Junta de Andalucía, pues tuvo que utilizar dinero del "fondo de reptiles" —destinado a financiar los ERE— para pagar trabajos jurídicos que no tenían relación alguna con Empleo. O sea, utilizó a este fondo para abonar 120.000 euros al bufete Olivencia-Ballester por asesorar a Santana Motor en la externalización componentes de los coches que fabricaba, una gestión que no guarda relación alguna con los ERE ni con Empleo.
Sin embargo, el PSOE de Griñán y Chaves, vía El País, utilizaron su propia irregularidad para desacreditar al despacho de Manuel Olivencia yJosé Luis Ballester, tratándolos de implicar en el escándalo de prejubilaciones fraudulentas, señalando que el catedrático de Derecho Mercantil también se había beneficiado del "fondo de reptiles".
Por ejemplo, el secretario federal de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, aseguró que esta noticia —difundida ayer por El País— "echa por tierra esa idea incalificable" de que la trama de los ERE es "un montaje de los amiguetes del PSOE, porque el señor Olivencia no es amiguete del PSOE"
Manuel Olivencia, a través de un artículo de su hijo, Luis, ha dicho lo siguiente:
"Además de ‘suegro de Arenas’, soy presidente del Bufete Olivencia-Ballester, ejerzo la Abogacía desde hace más de cincuenta años, voy a cumplir 82 de edad y sigo trabajando. A lo largo de ese tiempo, he ganado un prestigio que me atrevo a afirmar con orgullo que es internacional, y he inculcado en mis discípulos los valores deontológicos y el espíritu de trabajo, honrado y autoexigente».
"Nadie ha podido jamás acusarme de la más mínima irregularidad en mi conducta profesional, pública y privada; ahora, El País pretende involucrarme alevosamente, con una clara y torcida intencionalidad política, en el escándalo de los ERE de Andalucía, un turbio asunto del que, por su naturaleza delictiva, está conociendo un Juzgado de Instrucción de Sevilla». "Los titulares de El País, tanto los de la edición de Andalucía, donde se ha urdido la noticia, como los de la nacional y los aparecidos sucesivamente en la digital, tienden a llevar al lector a la creencia de que yo me he ‘beneficiado, de los ERE, como una más de las personas que ilícitamente han cobrado de esos fondos. Y ni yo me he beneficiado, ni consiento que se me vincule a los ‘reptiles’".
"El Despacho que presido se limitó a presentarse a un concurso, a ganarlo por sus mejores propuestas –¡a pesar de mi vínculo personal con Javier Arenas!–, a prestar sus servicios jurídicos de calidad y a cobrar por ellos unos honorarios en contraprestación pactada. Es falso que la minuta se emitiera ‘con cargo a la partida 31-L’, ni a ninguna otra presupuestaria concreta, lo que jamás se hace. Yo no sé, ni tengo por qué saber, con cargo a qué partida presupuestaria el IFApagó la minuta. Su importe sí lo conoce bien Hacienda, porque fue declarado y sujeto al pago de los correspondientes impuestos".
"Esa ‘información’ lesiona gravemente mi honor, ganado día a día. He instado al periódico El País a que, de inmediato, rectifique los términos insidiosos de su ‘noticia’. Espero que así sea, que haga honor al rigor informativo y a los elementales valores cívicos de convivencia»..