La Confederación Española de Policía (CEP) va a llevar a los tribunales la labor del máximo responsable de personal del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario principal José Ignacio Araujo Otero, al que acusan de poner trabas a la actividad sindical de cara a las elecciones de estos colectivos previstas para el 13 de junio. Al mismo tiempo denuncian su politización bajo la protección del Gobierno socialista y le creen responsable de los nombramientos de libre designación dentro de la Institución, informa Europa Press.
"Araujo, desde que en septiembre de 2010 informara a los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía del borrador de Real Decreto que regularía las elecciones al Consejo de la Policía de 13 de junio de este año, introduciendo la novedad del voto electrónico, ha sometido a los representantes de decenas de miles de funcionarios a una opacidad informativa, propia de etapas superadas hace décadas, tutelando un proceso electoral plagado de errores", denuncia la CEP por medio de un comunicado.
El sindicato censura estas "zancadillas" que van "desde cuestiones logísticas básicas hasta el sistemático cercenamiento del derecho a la información, la violación de los plazos de respuesta asumidos por la Administración en sus cartas de servicios y la comisión de un número de errores tan significativos que hacen pensar, en definitiva, en la posibilidad de un proceso electoral irregular".
La CEP indica que este responsable policial fue "aupado a la cúpula policial como Subdirector General y ascendido al máximo nivel del escalafón policial por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero" y "se ha convertido en un obstáculo de relevancia máxima para que el derecho constitucional de sindicación pueda ser ejercido sin trabas en el seno de la Policía".
Insisten en que Araujo "se ha convertido, como así se acreditará judicialmente, en un obstáculo para el normal desarrollo de las funciones de los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, sometiendo a los órganos de interlocución laboral a una parálisis inédita". Le culpan de que el máximo acto de democracia interna en el seno del CNP cada cuatro años, las elecciones al Consejo de la Policía (foro de interlocución entre Interior y los sindicatos) "se haya diseñado de espaldas" a los colectivos sindicales con sistemáticas trabas que superan la aleatoriedad para situarse en la animadversión, propia de foros políticos".
Explica la CEP que Araujo accedió al máximo órgano de responsabilidad policial, la Junta de Gobierno, de la mano del ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Más tarde, en diciembre de 2006, fue aupado por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a su actual puesto. "La trayectoria más politizada, por el nivel de confianza de los puestos a los que ha ascendido, siempre ha coincidido con etapas de gobierno del Partido Socialista, que le nombró comisario en 1990", añaden.
Libre designación
Además recuerdan que "ha tenido un mediocre papel en los reveses judiciales que, gracias a labor de los sindicatos, ha sufrido el sistema de libre designación en la Policía, como fórmula universal y burda de extender el sometimiento de buena parte de la Escala Ejecutiva y Superior (desde Inspectores Jefes a Comisarios Principales) a los intereses políticos del momento". Pese a ello, añaden, "ha vuelto a permitir y/o tutelar en las últimas horas una agresión a los derechos de miles de policías".
Le acusan de que, echando mano de las necesidades de seguridad de la fase previa del Plan diseñado para proteger las elecciones autonómicas y municipales, "ha permitido que los representantes de más de 8.000 policías destinados en Madrid (los afiliados a ) no puedan celebrar esta semana una Asamblea de preparación de las elecciones al Consejo de la Policía que ya había sido autorizada pese a haber comenzado este periodo de seguridad".
"Esta medida, curiosamente, llega unas horas más tarde de haber emitido una Circular en la que criticábamos su gestión. Este cúmulo de despropósitos que afectan a un derecho fundamental, que a cualquier otro responsable policial le llevaría a responder ante la Unidad de Régimen Disciplinario, son los que llevan a la CEP a someter a la supervisión judicial la labor de los últimos meses del 'hombre de confianza', en materia de Personal, del Director General de la Policía y de la Guardia Civil", concluyen.