El Congreso ha cerrado este martes el periodo de enmiendas a la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, después de haber prorrogado hasta 29 veces este trámite. La proposición de ley llega a este punto después de estar ocho meses congelada en la Cámara Baja pese a haber sido presentada el pasado año bajo la firma de todos los grupos parlamentarios.
Aprovechando hasta el último momento, tanto PNV como IU e ICV han registrado sus enmiendas intentando incluir sus reivindicaciones ideológicas en la futura ley. Así, entre las once enmiendas al articulado presentadas por el portavoz peneuvista en materia de Interior, Emilio Olabarría, una de ellas pretende incluir a supuestas víctimas de las Fuerzas de Seguridad como si fueran víctimas del terrorismo
"Intentaremos que se amplíe la protección como víctimas del terrorismo a todas las víctima de organizaciones terroristas armadas pero también a aquellas víctimas de actuaciones ilegales cometidas por las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado o las bandas parapoliciales en la época predemocrática (1960-1977) y que no son objeto de una suficiente identificación en esta Proposición de Ley", ha adelantado el propio Olabarría. Como ejemplo, ha citado a "las víctimas del 3 de marzo de Vitoria –en alusión a los fallecidos por enfrentamiento con la Policía durante una de las huelgas de 1976– que aún no han sido reconocidas ni resarcidas por la brutal represión que padecieron".
Muy parecido es una de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya (ICV), para incluir un reconocimiento a las víctimas "de las ilegítimas acciones armadas de los poderes públicos o grupos de extrema derecha" que defendían "derechos democráticos" durante el Franquismo y hasta la aprobación de la Constitución española.
Un largo trámite
La iniciativa entró en el Congreso en junio del pasado año con el apoyo de todas las formaciones y superó en septiembre su primer trámite en el Pleno con la misma unanimidad. El texto es fruto de un intenso trabajo del Ministerio del Interior con todas las asociaciones y colectivos de víctimas y más tarde con los grupos parlamentarios.
Una vez superada la toma en consideración, la Ley pasó a la fase de enmiendas para que los grupos formularan sus propuestas de modificación, un trámite que ha concluido este martes después de ocho meses y 29 prórrogas. Durante este periodo, los responsables de PSOE y PP en el asunto, Antonio Hernando y Alfonso Alonso, explicaron a Europa Press que confiaban en mantener el consenso inicial durante toda la tramitación del texto en las Cortes Generales.
Entre sus principales novedades, la Ley se aplicará con carácter retroactivo en reconocimiento de todos los atentados perpetrados desde el año 1960 e incluirá un baremo para igualar las indemnizaciones que reciben las víctimas. Además se reconoce su carácter integral y también tendrán un reconocimiento los amenazados, a quienes se reconocerán derechos como víctima del terrorismo y se les facilitará el acceso a ayudas sociales, sanitarias o de cualquier otro carácter.
Asimismo, los extranjeros que sufran un atentado en España podrán recibir la nacionalidad por carta de naturaleza, de igual manera que la Ley realizará una prohibición expresa de que en los lugares públicos se haga ostentación mediante símbolos o monumentos del terrorismo, una batalla que ya está en marcha para eliminar los nombres de calles y plazas públicas que ensalzan a los terroristas.
Exigencias de las víctimas
Tras la presentación de la proposición de ley tuvieron oportunidad además de comparecer ante la Comisión de Interior los representantes de numerosas asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo, así como movimientos ciudadanos de fomento de la paz, para exponer sus principales reivindicaciones y propuestas de mejora.
Entre ellas, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), Dignidad y Justicia, la Fundación Miguel Ángel Blanco y la Fundación Gregorio Ordóñez se unieron para presentar un texto con siete enmiendas de "mínimo" que entregaron a todos los partidos con representación en el Congreso.
Sus propuestas contemplan la exigencia de una derrota del terrorismo entendida como desaparición total, unilateral y sin contrapartidas, la no existencia de ningún tipo de negociación o diálogo previo al fin de ETA, impedir la presencia del entorno de ETA en las instituciones, así como garantizar la no impunidad de los crímenes terroristas.
Asimismo, las asociaciones de víctimas reclaman que se les informe sobre la situación penitenciaria de los condenados por terrorismo y garantizar el cumplimiento íntegro de las penas, el reconocimiento de la existencia de vencedores y vencidos, y, por último, evitar que los terroristas puedan obtener beneficios penitenciarios.