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El juez Torres tarda 13 días en comunicar el archivo de la causa contra Henríquez de Luna

Estaba imputado por presuntas anomalías en la concesión de la licencia a un local de Madrid.

Libertad Digital
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El juez Santiago Torres ha acordado el sobreseimiento "libre y parcial" de la imputación del exconcejal del distrito de Salamanca y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, en el denominado caso Becara en el que se investigan presuntas anomalías en la concesión a este local, ubicado en la Milla de Oro de Madrid, de la licencia de actividad y funcionamiento.

En un auto dictado el pasado 25 de mayo, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado especifica que la decisión "no es firme" y puede ser recurrida en el plazo de tres días. Además, desestima y deniega "en su integridad" la solicitud de sobreseimiento de la causa solicitada por el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de Madrid al estimar que procede continuar con la instrucción ante la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa.

Este procedimiento se inició a instancias de una denuncia interpuesta por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano de Goyeneche, vecinos del edificio de la calle Juan Bravo. Esta familia dio cuenta al juez Torres de una serie de irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.

La denuncia sobre este caso exponía que en la concesión de la licencia había "un trato preferencial por parte del Ayuntamiento de Madrid en los trámites administrativos" a la hora de conceder la licencia a los propietarios de este local.

Ahora, el juez Torres especifica que, después de diversas diligencias practicadas, "no se ha podido comprobar que el imputado Íñigo Henríquez de Luna como concejal del distrito de Salamanca haya tenido una mínima participación en los expedientes administrativos relativos a las licencias de actividad y funcionamiento del local, así como a la modificación parcial del planeamiento urbanístico".

Asimismo, precisa que la copia de los expedientes administrativos pone de manifiesto que los documentos "han sido tramitados por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda y no por la Junta municipal del distrito de Salamanca". Añade que tampoco consta "ningún acto personal que se haya evidenciado por actos exteriores en expedientes administrativos o contactos con funcionarios en los que tal imputado haya intermediado o intentado favorecer" a los solicitantes de la licencia para el local.

No obstante, recalca que la comprobación de los expedientes administrativos incorporados a la causa permite sostener la apariencia de que en los trámites practicados por el Área de Gobierno y Urbanismo existen "suficientes anomalías procedimentales para continuar con la investigación".

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