Arranca una nueva etapa en Castilla-La Mancha, que se sacude el lastre de veintiocho años de control socialista, y que convirtió a la región en el gran punto negro del territorio nacional con unas arcas que -insistían hoy mismo fuentes populares- no es que estén vacías sino que tienen grandes agujeros.
Por ello, en su discurso de investidura, la presidenta electa, María Dolores de Cospedal, hizo una radiografía de situación muy drástica, tanto que deja entrever la nefasta herencia de José María Barreda. Y por ello, su primera medida será la tijera, adelgazar todas las administraciones básicas y acabar con aquellas que han convertido a la comunidad en un "mini-estado".
Cuatro serán los pilares en los que el PP sustentará la venidera gestión de gobierno: "Honestidad, transparencia, austeridad y empleo", destacó Cospedal, que a renglón seguido afirmó que, haciendo honor a estos patrones, hay que decir alto y claro que "estamos ante unas circunstancias muy adversas" ya que "la herencia es estremecedora" y necesita de "grandes transformaciones". La cara de Barreda era todo un poema.
La candidata, que desde su victoria se había mantenido en un discreto segundo plano haciendo trabajo de despacho, puso encima de la mesa un programa muy similar al presentado, en la víspera, por su homóloga Esperanza Aguirre. Tanto que hizo suya la libre elección en el sistema sanitario o educativo o políticas económicas que ya inició la presidenta madrileña en la anterior legislatura, cuando plantó cara a la crisis económica cuando José Luis Rodríguez Zapatero todavía la negaba tajante.
Lo primero, ya avanzó, será conocer "la situación real de las finanzas", tras un traspaso de poderes especialmente tumultuoso. Para ello, se revisará la Tesorería de la Junta, se hará una nueva estimación del Presupuesto así como las coberturas previstas y se realizará un "mapa de todo el entramado" de empresas públicas y demás organismos subvencionados para determinar "el grado de endeudamiento".
Medidas concretas
Así pues, todo pasará por una Oficina de control presupuestario que sólo garantizará las asignaciones de recursos "por motivos técnicos y de igualdad". El objetivo no es otro que el "saneamiento" de las cuentas públicas y "la racionalización" del sector público habida cuenta de que, constató, hoy es deficiente.
Y de ahí el que fue su gran anuncio de gobierno, una vez toca con los dedos el bastón de mando, que le será entregado el jueves: "Descentralizar no significa multiplicar por diecisiete toda la infraestructura del Estado", arguyó, y por ello que se comprometiera a "acabar con esos excesos".
Pero no se quedó en la proclama vacía, sino que reveló aquellas instancias que van a ser desmanteladas: la figura del Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social y la Administración Reguladora de Competencia. Y podrían no ser las únicas. Una supresión que traerá consigo el fin de "personal, altos cargos y vehículos privados".
Este equilibrio afectará de igual forma a las administraciones que el PP considera "esenciales" pero que también tienen que sufrir un profundo adelgazamiento. Así las cosas, eliminará treinta delegados provinciales, dejándolos en solamente cinco, uno por provincia. Además, reducirá en veintidós las direcciones regionales (actualmente hay cincuenta y dos) y hará una supresión de más del sesenta por ciento de los altos cargos y puestos de libre designación.
También muy aplaudido por la bancada popular fue el anuncio de emprender un "proceso de saneamiento y privatización" de la radio-televisión de la región, un auténtico "pozo" en el que caen anualmente "miles y miles de euros", según un asesor de Cospedal.
Zapatero fuera de La Moncloa
Un arsenal de medidas, dijo la presidenta electa, que espera que vayan acompañadas de un cambio político a nivel nacional. Y es que Cospedal no lo dudó y, desde la tribuna, llamó a un adelanto electoral: "El Gobierno de la nación no está a la altura de las circunstancias" para que pueda dejar atrás "este clavario", y de ahí que se dirigiera a Rodríguez Zapatero para, en primer término, reclamarle que deje paso al PP y, en segundo, que convoque la Conferencia de Presidentes Autonómicos así como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hecho el guiño hacia Mariano Rajoy, que estará con ella en la toma de posesión, Cospedal volvió a su libro, casi calcado al presentado por Aguirre en su puesta de largo. La libertad por bandera no sólo en el capítulo económico, sino también en el sanitario y educativo. Así pues, solemnizó que la intención de su Gobierno es la "libre elección de médicos" o "la enseñanza bilingüe" siendo tratado el profesor como "autoridad pública". Y para rematar, se compromete a darle a la Fiesta Nacional el título de Bien de Interés Cultural.
"Victoria de la libertad, fortalecimiento de la vertebración territorial y la duración hasta el infinito de la unidad de la nación", resumió una Cospedal muy patriótica, defensora de que el estado de las autonomías no es incompatible con los "compromisos inquebrantables" con el país. "El hecho de ser castellano-manchegos es ser doblemente españoles", remató, ya con los suyos puestos en pie.
"Un día histórico", repetían, uno tras otros, los populares tras escucharle. En la tribuna de invitados, lo más granado del sector empresarial y financiero, con el que Cospedal ha estado en permanente contacto durante los últimos cuatro años, y que -en su mayor medida- le dieron su apoyo en un acto celebrado en precampaña.
Cospedal constató que el 22-M se votó "al cambio, a un nuevo tiempo político" para conseguir un "nuevo impulso" político y social. No obstante, también llamó al consenso y a las grandes alianzas con un triple objetivo: "Crear empleo, crear empleo y crear empleo". Y es que, ya avanzó, en su primera etapa de gobierno no se verá aún la luz al final del túnel, sino que será ya en la segunda. Entonces, se compromete a bajar los impuestos y a dar un fuerte impulso en las infraestructuras. Ahora lo que toca, remataron desde el PP, es arreglar lo que por tantos años han destrozado los socialistas.