La decisión de Alfredo Pérez Rubalcaba de abandonar la vicepresidencia primera del Gobierno y el ministerio del Interior ha iniciado las quinielas sobre cómo quedará conformado el Gobierno Zapatero tras la salida del que hasta ahora era el número dos del presidente y auténtico hombre fuerte del Ejecutivo.
La gran mayoría de las apuestas sitúan al frente del departamento de Interior al que hasta ahora ha sido el fiel escudero de los ministros del ramo desde 2004, el todavía secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien antes de entrar en política había destacado como presidente y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, cargo que ocupó entre 2000 y 2003.
Fue nombrado secretario de Estado de Seguridad el 19 de abril de 2004, tras el nombramiento de José Antonio Alonso como ministro del Interior, y su labor no tuvo excesiva trascendencia hasta el año 2006, en el que se hace patente la negociación entre el Gobierno Zapatero y los terroristas de ETA.
Empezó ese año con un traspié. Entrevistado por una televisión australiana, se puso nervioso ante una pregunta sobre torturas a terroristas de ETA detenidos. Fue incapaz de explicar a los periodistas que esas denuncias son parte de la estrategia de la banda y que se han incautado documentos de ETA en los que se conciencia a sus terroristas de que deben denunciar torturas nada más ser arrestados; al contrario, tan sólo fue capaz de responder con un "corta un momento". El vídeo con su pésima actuación recorrió durante meses las páginas de internet –ahora ya no se puede consultar en Youtube, donde fue colgado inicialmente– y sirvió de noticia al diario Gara.
Poco después del desagradable incidente con los periodistas australianos, tuvo que coger un avión en dirección a París. Allí le esperaba una enfadadísima Laurence Le Vert, la jueza francesa que más daño ha hecho al terrorismo etarra. Una filtración desde España, a cuyo ministerio había informado cumpliendo los protocolos, había desbaratado una importante operación contra ETA. Camacho fue el encargado de apaciguar los ánimos de Le Vert por el chivatazo español a los terroristas etarras, lo que pasaría a conocerse posteriormente como el Caso Faisán.
Precisamente, la posterior investigación de ese chivatazo ha colocado al propio secretario de Estado de Seguridad en el disparadero. Y es que su teléfono móvil del ministerio –con numeración 68674XXXX– aparece dentro del tráfico de llamadas registrado por los investigadores policiales antes, durante y después del soplo a los etarras. Exactamente, habría recibido llamadas de uno de los imputados, el ex director general de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo.
Tras conocerse este dato, las acusaciones particulares presentes en la causa del Faisán solicitaron al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que se le llamase a declarar sobre el chivatazo, algo que el juez, coincidiendo con el criterio de la Fiscalía, no consideró necesario.
Camacho fue también el responsable de la redacción de los famosos informes de verificación que supuestamente iban a aclarar si ETA mantenía o no su actividad terrorista durante el proceso de negociación política entre el Gobierno Zapatero y la organización terrorista.
Como marcaba el guión, entregó a Zapatero hasta tres informes, según los cuales ETA había abandonado temporalmente toda actividad terrorista y su tregua para negociar era real. Pese a que año y medio más tarde, tras el atentado de la T-4 de Barajas, Zapatero evidenció que no hubo tal verificación, ya en aquel momento los informes de Camacho hacían aguas y se vislumbraban absolutamente falsos: los etarras continuaban extorsionando a empresarios, robaban coches en Francia, amenazaban al país vecino en comunicados, terrorismo callejero continuaba...
Lejos de su actividad de verificación del proceso negociador y de las salpicaduras judiciales del caso Faisán, Camacho también ha destacado por ocultar desde su llegaba al ministerio del Interior los datos de delincuencia. Suya fue una instrucción remitida a todas las delegaciones del Gobierno para que no hiciesen públicos los datos autonómicos sobre criminialidad. De hecho, su figura centra todas las polémicas sobre la ocultación de estos datos.
Es más, cuando en marzo de 2009 saltó la polémica por las detenciones arbitrarias de inmigrantes sin papeles, no tuvo reparos en desmentir a Alfredo Pérez Rubalcaba, que había negado la existencia de estos arrestos, y reconocer que se estaban haciendo en "4 ó 5 comisarías" y debido, supuestamente, a "un error operativo".
Tampoco ha tenido problemas en comparar a los senadores del PP con Batasuna-ETA. Los hechos sucedieron en la comisión de Interior del Senado, después de que los populares solicitasen que se continuasen investigando algunos puntos de los atentados del 11 de marzo.