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El fiscal recurre a los GAL para negar la colaboración con ETA en el Faisán

Por segunda vez en los últimos cuatro meses, la Fiscalía pide la retirada del delito de colaboración con banda armada en el caso Faisán.

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En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que actualmente dirige el juez Pablo Ruz, la Fiscalía pide este viernes al magistrado que retire la acusación por colaboración con banda armada contra los tres procesados en el caso del chivatazo a ETA. Es la segunda vez que lo hace -la primera fue el pasado mes de marzo-desde que el magistrado reactivó la causa.

En el informe, que cuenta con abundante jurisprudencia, el Ministerio Público defiende que para colaborar con una organización terrorista se "exige como punto de partida una mínima afinidad, adhesión o sintonía ideológica" y "la conciencia del favorecimiento de la organización terrorista y de la finalidad perseguida por ésta".

Atendiendo a estos postulados, el fiscal entiende que procesar por colaborar con ETA al ex director general de la Policía Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de Policia del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros es "forzar la interpretación de la norma penal sustantiva".

Para el fiscal, los presuntos responsables del soplo que se dio a la red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán pudieron cometer en todo caso un delito de revelación de secretos pero nunca un delito de origen terrorista.

Para ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre a la sentencia de 29 de julio de1998 del Tribunal Supremo donde se absolvió a varios funcionarios de Policía del crimen de los GAL al "no llegar el hecho a perturbar la convivencia ciudadana por producir la alarma o miedo propios del terrorismo".

La trascendencia de esta medida radica en que si Ruz acepta que no existe un delito de naturaleza terrorista en el soplo a los cobradores de ETA, la Audiencia Nacional perdería su competencia para instruir el caso. Es decir, el chivatazo se investigaría en los juzgados de instrucción de Irún. En este sentido, el fiscal manifiesta en su informe, al que ha tenido acceso Libertad Digital, que "la competencia para su conocimiento corresponde a los órganos judiciales territorialmente competentes y no a la Audiencia Nacional".

Por último, el Ministerio Público se adhiere "parcialmente" al recurso interpuesto por la defensa de García Hidalgo, actual dirigente del PSE, solicitando que "se acuerde la inhibición en el actual estado de la causa a favor del Juzgado de Instrucción de Irún que corresponda".

El juez Ruz procesó el pasado 13 de julio a los tres policía por la comisión de delitos de colaboración con ETA o encubrimiento y revelación de secretos, que llevan aparejadas penas de hasta 13 años de prisión.

Especificaba que García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación y apuntaba al jefe superior de Policía del País Vasco como la persona que advirtió al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, de las próximas detenciones. Ballesteros fue, en opinión del magistrado, el encargado de entregar el teléfono al propietario del local.

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