La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este martes que cumplirá la Ley en el caso de que el Gobierno central apruebe la recuperación del Impuesto de Patrimonio, suprimido en la región desde la pasada legislatura, y ha dicho que hay que esperar para conocer en qué términos se aprobará esta medida.
En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Aguirre ha recordado que el legislar sobre este tributo no es competencia de las Comunidades Autónomas, que son las que se quedan con la recaudación, sino que es algo que depende de la legislación nacional.
En este sentido, ha indicado que habrá que esperar a ver en qué términos se aprueba la recuperación del impuesto. "Creo que será Real Decreto Ley y luego las Cortes tendrán que convalidarlo", ha indicado, al tiempo que ha recordado que este tributo no existe "en ningún país del mundo" y que "nadie" lo ha recuperado. "Incluso Grecia, con el problema tan tremendo que tiene ahora, lo que ha puesto es un impuesto, me parece, sobre los inmuebles", ha apostillado.
Aguirre también se ha referido al candidato socialista a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en unas declaraciones pasadas hizo alusión a que en la Comunidad de Madrid se "demonizan" los servicios públicos como la Educación o la Sanidad. "El que demoniza es el que me demoniza a mi. Pérez Rubalcaba es un candidato muy especial. Me parece impúdica la manera en que le da órdenes al presidente del Gobierno y encima presume de darle órdenes", ha sentenciado.
Con estas palabras, la presidenta madrileña se refería a la manera en que Rubalcaba anunció su intención de recuperar el impuesto de Patrimonio. "¿Dónde se ha visto un candidato que dé órdenes al presidente del Gobierno y presuma de darle órdenes?", se ha preguntado.
Aguirre ha insistido en que ella, como dirigente autonómica, va a esperar "a ver qué dicen" en el Ejecutivo central porque, según ha explicado, "un día dicen una cosa y otros días dicen otra". "El impuesto de Patrimonio aquí en Madrid quien dijo que había que quitarlo fue Tomás Gómez, antes de que lo quitara Zapatero y la Comunidad de Madrid. Vamos a ver qué es lo que hacen. Si el presidente obedece al candidato o dice, oiga, el presidente soy yo", ha apuntado.
A renglón seguido, la jefa del Ejecutivo madrileño ha dicho que el Gobierno de la nación es un gobierno "grogui" porque "cada vez se ve más claramente que cuando Zapatero dijo que no se iba a volver a presentar tenía que haber convocado elecciones".
Para Aguirre, ya se tenían que haber convocado los comicios y tendría que haber un gobierno "nuevo, con fuerza, que encarara los 5 millones de parados que de verdad estuviera dispuesto a hacer las reformas que España necesita". "Prolongar esta agonía de la manera en que lo han hecho los socialistas me parece un disparate y lo digo desde el patriotismo, porque desde el partidismo, cuanto más tiempo pasa, mejor para el PP, según todas las encuestas", ha concluido.
Sáenz de Santamaría reta a Rubalcaba
También sobre el Impuesto de Patrimonio, la portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha retado al candidato socialista a que explique por qué el impuesto, que antes le parecía "inútil, injusto, obsoleto y absurdo", es ahora "justo".
Sáenz de Santamaría, en conferencia de prensa en el Congreso, ha subrayado que su partido, no obstante, quiere esperar a que el decreto sobre la recuperación de esta figura fiscal se publique en el BOE para opinar sobre su contenido, especialmente lo que tenga que ver con el mínimo exento a partir del cual el impuesto se aplicaría.
La portavoz del PP ha preferido poner el acento en el por qué de los afanes del Gobierno por rescatar un tipo que hace dos años suspendió, informa EFE.
"Vivimos tiempos muy difíciles. Una crisis como ésta exige mucho tino y mucho acierto, y lo primero es generar confianza, pero un partido que hace dos años hizo y dijo una cosa y ahora quiere hacer la contraria no genera confianza. Yo le pregunto al PSOE: ¿Qué habéis estado haciendo este tiempo?", ha manifestado.
Sus críticas las ha personalizado en el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, por cuanto es él quien quiere recuperar el impuesto al suponer un ingreso, según sus cálculos, de 1.400 millones de euros.
Antes, tal y como ha recordado la portavoz del PP, formó parte de un Ejecutivo que congeló la recaudación derivada de este impuesto. Por ello, se ha preguntado nuevamente: "Cuándo hay que creer al señor Rubalcaba?".
Así, en su opinión, el PSOE no ayuda ni a fomentar "la credibilidad, ni la estabilidad ni las condiciones para que España salga de la crisis". Según ha destacado la dirigente del Partido Popular, lo que toca en estos momentos son "reformas serias" y "medidas de entidad y seriedad", en especial en el ámbito fiscal, pero "no debates para una campaña electoral", como es el que rodea al Impuesto de Patrimonio.
Para Sáenz de Santamaría, no se saldrá de la crisis con la "política del bandazo", según la cual se rechaza las deducciones por compras de vivienda y luego se baja el IVA por la adquisición de una casa, o se congela el Impuesto de Patrimonio y más adelante se pretende su recuperación.
Ha abogado, en este contexto, y tras descartar por ahora "bajadas masivas de impuestos", por desarrollar medidas fiscales que incentiven la creación de puestos de trabajo, en concreto en pymes y en autónomos; por hacer más eficaz la gestión tributaria y por luchar "decididamente" contra el fraude.
Preguntada por si las comunidades autónomas del PP, la mayoría, suspenderán el remozado Impuesto de Patrimonio, la portavoz del grupo popular ha eludido concretar, aunque sí ha recalcado que su partido, si gana, sentará las bases de "una reforma fiscal seria".
También ha reiterado la posición del PP en la votación del jueves del decreto-ley con medidas para potenciar el empleo entre los jóvenes: la abstención. Sáenz de Santamaría ha insistido en que no gusta al partido de Mariano Rajoy un decreto que consagra "la precarización" del empleo al estimular la contratación temporal.
Que se abstenga el PP en la votación obedece, ha dicho, a que la tramitación del mismo en el Congreso abriría el camino a la primacía de los convenios autonómicos, un aspecto que defienden los grupos nacionalistas pero que los populares rechazan.