El presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, asegura a LD que la suspensión del auto del tribunal "no afecta a la decisión final sino sólo al plazo en el que la sala debe resolver el recurso de la Generalitat".
Apertura del año judicial que, por primera vez desde 1983, no ha estado presidida por el Rey Don Juan Carlos, debido a su reciente operación en el talón de aquiles, sino por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, quien, de forma velada, aludía a la polémica de la inmersión lingüística en Cataluña.
En su discurso institucional, el presidente solicitaba "respeto hacia las decisiones del Supremo" e instaba al Tribunal Constitucional al "reconocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como expresión de la realidad viva del derecho" para "proteger los derechos y libertades fundamentales".
Y era en este punto donde mandaba, según fuentes judiciales próximas a Dívar, un velado toque de atención a la Generalidad catalana y a su presidente, Artur Mas:
"Sus decisiones deben ser respetadas por todos, en particular por las instituciones públicas, y la disconformidad con ellas, canalizada por la vía de los recursos, de los que nuestras leyes procesales ofrecen un abundante número, pues el estado de derecho exige el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes".
El presidente del TSJC responde a LD
El toque de atención ha estado después presente en los corrillos posteriores de la apertura de los tribunales. El propio Dívar aseguraba a este diario que se trataba de una referencia "general" en la que no hacía referencias concretas a la Generalitat, pero sus servicios de prensa aseguraban que "no podía estar más clara" su reprimenda a Artur Mas. De "muy acertada" la calificaba el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, quien, en declaraciones a Libertad Digital, quería matizar la suspensión del auto del TSJC sobre el modelo lingüístico. "No tiene nada que ver con la decisión final sino con el plazo. La sala suspende el plazo de dos meses fijado al Gobierno catalán para cumplir la sentencia, para darse tiempo a resolver el recurso que ha presentado la propia Generalitat", pero "en ningún caso, supone que no se vaya a aplicar la decisión".
Sin embargo, lo que se comenta en los círculos judiciales es que la decisión de hoy no es más que un intento por parte del TSJC de dilatar la decisión hasta después del 20-N que colocará a un nuevo gobierno en La Moncloa. En el fondo del asunto reside el problema de que "no se aplique la decisión, que quede en agua de borrajas" por los necesarios pactos que tendrá que alcanzar un futuro Gobierno, previsiblemente del PP, con la formación nacionalista de CIU. Otros insisten en la idea, ya manifestada por Carmen Chacón, de que "el Supremo no está para legislar" e incluso auguran que el castellano no será nunca vehicular en Cataluña hasta que no haya mayoría del PP y Ciudadanos en el Parlament y así lo decida el poder legislativo. En resumen, que, al parecer, el poder judicial, tiene poco que decir.