El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, ha inadmitido este martes el recurso del Gobierno español contra la sentencia que le obligó a indemnizar al exportavoz de Batasuna-ETA, Arnaldo Otegi, por haberlo condenado por injurias al Rey. El tribunal considera que se vulneró su derecho a la libertad de expresión. El batasuno tachó al monarca en 2003 de "responsable de los torturadores", hecho por el cual fue condenado a un año de prisión.
Fuentes jurídicas han confirmado a la agencia Efe la decisión, adoptada por la Gran Sala del tribunal, de revisar la indemnización concedida a Otegi por condenarle a una pena que ellos consideran "desproporcionada".
En el recurso interpuesto el pasado mes de junio por la Abogacía del Estado, ésta solicitaba que la Gran Sala examinara tres cuestiones "que afectan a la interpretación del Convenio" y son "de general importancia".
La primera de esas cuestiones versaba sobre "las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión por parte de un cargo electo, en relación con la reputación de otros" y la segunda acerca de "los deberes y las responsabilidades de los políticos cuando ejercen tal libertad en un contexto de violencia".
La Abogacía también pedía a Estrasburgo que se pronunciara sobre "la protección de las instituciones del Estado, como el jefe del Estado, de las difamaciones". En este sentido, el escrito de los servicios jurídicos del Estado recordaba que el Rey no puede intervenir en el debate político ni defender su reputación institucional en los tribunales.
Así, la protección de que goza su figura en la ley española "no tiene como objetivo dotarle de privilegios o de una mayor protección, sino preservar su neutralidad política y su papel institucional", señalaba el escrito.
También decía que la sentencia recurrida no hacía referencia a la responsabilidad de los políticos en un contexto de violencia cuando, en 2003, "ser llamado responsable de los torturadores en el País Vasco no era una cuestión que solo concerniera al debate político".
"En particular, cuando esa acusación viene del líder de una organización que algunos meses después fue declarada ilegal por sus vínculos con el terrorismo", recordaba el abogado del Estado, que añadía que "debe recordarse que el rey de España ha sido objetivo de los terroristas".