Por una parte, la juez Alaya parece tener bien claro ya quién es uno de los responsables de este monumental escándalo ético, político y económico. De hecho, pregunta y pide papeles sobre José Antonio Viera, ex delegado del Gobierno en Andalucía, ex consejero de Empleo de Manuel Chaves, actual secretario general del PSOE de Sevilla y número 2 de la candidatura al Congreso de los Diputados tras Alfonso Guerra.
La imputación, pues, parece estar cerca. Se sabrá pronto si se produce antes de las elecciones o después. De ser elegido Diputado, el caso debería pasar al Tribunal Supremo. Por otro, Javier Arenas pide la inhabilitación de Chaves y Griñán y alude a otros ocho casos de inhabilitación. Además, siguen apareciendo socialistas, y algunos otros, en las relaciones de los intrusos de los ERE.
Si ayer el caso era que José Antonio Viera había firmado utilizar un dinero destinado al desempleo para campañas de publicidad de la Junta, ahora la juez Alaya solicita a la Junta de Andalucía los expedientes de las ayudas firmadas por el cabeza de lista sevillano al Congreso del PSOE a varios ayuntamientos socialistas, entre 2003 y 2004, y también las que otorgó a un entramado de empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, de donde era ex director general de Trabajo y principal imputado, Francisco Javier Guerrero.
También ha pedido los expedientes de varias empresas mencionadas en la denuncia del PP contra las ayudas otorgadas por el mismo Viera, la mayoría de ellas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, zona de influencia política del socialista sevillano.
Vean este cuadro elaborado por El Correo de Andalucía de las ayudas concedidas por Viera y sus destinatarios:
Javier Arenas pedirá inhabilitar a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán
Y lo hará en los próximos días en el Parlamento andaluz. No sólo pedirá la inhabilitación de Chaves y Griñán, sino que habló de la de una decena de políticos, y no sólo andaluces. También se pedirá la reprobación de la vicepresidenta primera del gobierno, Elena Salgado, por haber estructurado una financiación autonómica que le ha hecho perder a Andalucía un mínimo de 1.500 millones de euros.
Arenas se refirió a la decena de políticos socialistas relacionados con los ERE y especificó que se trata de Consejeros de la Junta a los que de un modo u otro afecta el caso de los ERE.
Más socialistas implicados
Cuenta ABC que "un fax remitido por la exgerente de Promi, Cristina Ruiz, al director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, alude al interés del actual jefe del Servicio de Formación del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, Manuel Gavilán, por "la prejubilación de unas personas que trabajan en una escuela taller de Lucena". "Al parecer eres tú quien lo estaba gestionando. Me dices algo al respecto, ¿vale?", explica en el escrito que la que fuera responsable de la Fundación para la Promoción del Minusválido (Promi) remite a Guerrero, uno de los principales imputados en la trama de los ERE falsos.
"Javier, ayer se me olvidó preguntarte por un encargo que me hizo Manolo Gavilán, de la Delegación de Córdoba", añade. Y le recuerda que se trata del "Sr. que se tomó con nosotros un café el día de las jornadas".
En el ERE de Promi en 2005, la Consejería de Empleo detectó hasta ocho prejubilados ajenos a la firma. Cristina Ruiz renunció a su puesto en la candidatura que presentó el PP en la capital cordobesa el pasado 22 de mayo al verse salpicada por el escándalo que investiga el juzgado de instrucción número seis de Sevilla. Su padre, Rafael Ruiz, es uno de los supuestos intrusos detectados por la Junta en su investigación.
Hay dos referencias expresas a Gavilán, uno de los hombres fuertes de la Delegación de Empleo en Córdoba. En su juventud, Gavilán militó en el partido de extrema derecha Fuerza Nueva aunque desde hace tiempo está afiliado a UGT y desde 1993 tiene carné del PSOE.