El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jesús Chamorro, se ha cuestionado este miércoles si la decisión de la Abogacía del Estado de no impugnar las listas de Amaiur parte de "una decisión política o se ajusta estrictamente a criterios de legalidad".
"Supongo que la Abogacía del Estado seguirá instrucciones de quien las tiene que seguir, que es el Ministerio de Justicia", ha reflexionado, preguntado al respecto por los periodistas tras participar en un acto en Santiago, informa Europa Press.
En todo caso, Chamorro ha advertido de que la "legitimación" para recurrir las candidaturas de la plataforma que une a Bildu y Aralar para las próximas elecciones generales "no descansa sólo en la Abogacía del Estado". "Hay otros entes que también tienen legitimación y podrán estar, en su caso, en esos procesos judiciales", ha subrayado.
En cuanto a la conveniencia de reformar la legislación penitenciaria tras el anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA, el presidente de la APM ha abogado por "no tomarse las cosas con excesiva precipitación", ya que el comunicado todavía salió a la luz "la semana pasada".
"Son pasos que no sé si hay que dar o no, pero creo que requieren cierta serenidad y cierto tiempo", ha opinado, teniendo en cuenta todo lo que se ha "sufrido" a lo largo "de 52 años de tragedia", que se trata de una normativa "muy avanzada" y que la banda terrorista no se ha disuelto.
Sobre este último extremo, ha señalado que "no tiene mucho sentido que haya un anuncio de cese definitivo de la violencia y se mantenga su existencia, ya que las cosas existen para algo", de modo que ha apelado a la prudencia antes de tomar decisiones.
"Nuestra Ley General Penitenciaria es bastante buena", ha incidido Chamorro, quien ha evidenciado que los jueces tienen que aplicar las leyes "con todo el rigor y también con toda la flexibilidad que permitan".
En este escenario, tras dejar claro que una eventual modificación de la ley corresponde al Congreso de los Diputados, ha remarcado que los jueces están "comprometidos con el Estado de Derecho y el cumplimiento de la normativa vigente en cada momento". "Si se hace una reforma y es beneficiosa, habrá que aplicarla retroactivamente", ha apuntado.