La Fiscalía del Tribunal Supremo aprecia indicios de un delito de tráfico de influencias en la conducta del ministro de Fomento en funciones y portavoz, José Blanco, por lo que el informe que ha presentado este lunes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se posiciona a favor de la apertura de una causa criminal contra él por su posible implicación en la denominada 'Operación Campeón', en la que se investiga una trama de obtención ilegal de subvenciones en Galicia.
El Ministerio Público se ha pronunciado a través de un escrito respaldado por el teniente fiscal, Juan José Martín Casallo, que solicita al Supremo el nombramiento de un magistrado instructor que inicie las pesquisas. Martín Casallo es la máxima autoridad fiscal en este asunto tras apartarse del mismo el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, tras reconocer su amistad con el ministro en funciones.
El escrito responde a la petición realizada por la propia Sala Segunda del alto tribunal el pasado 11 de noviembre, que debe resolver ahora si debe admitirse y comenzarse a tramitar la causa que remitió la juez de Lugo Estela San José tras las declaraciones incriminatorias vertidas contra Blanco por el empresario Jorge Dorribo.
En el marco de la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.
Dorribo ha acusado a Blanco en sus distintas declaraciones ante la juez de Lugo de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.
Tras conocer el dictamen del fiscal, el alto tribunal podría optar por archivar el asunto, admitir la causa y nombrar instructor de la misma o bien por pedir a la juez de Lugo que continúe con sus indagaciones y concrete las imputaciones al ministro antes de abrir formalmente un procedimiento contra él.
Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la jueza que instruye el caso.
El empresario implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al ministro de Fomento, José Blanco; y a los ya ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG. Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. Uno de los supuestos pagos se habría realizado, en metálico en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz.
El ministro de Fomento ha manifestado de forma reiterada que es "falso" que el empresario Dorribo pagase 200.000 euros a un primo suyo para poder reunirse con él y ha insistido en que confía "plenamente" en la "acción de la Justicia".
En la exposición razonada que la juez ha remitido al Tribunal Supremo se señala que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al ministro en funciones por un posible delito de tráfico de influencias derivado de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.