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Prisión para el etarra Mobutu por asesinar a tres guardias civiles en 1980

Fue arrestado en 2004 en el país vecino, donde está cumpliendo una condena de doce años de prisión.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado este viernes a prisión al veterano terrorista de ETA Félix Alberto López de la Calle Gauna, Mobutu, extraditado el jueves temporalmente desde Francia por estar acusado del asesinato de tres guardias civiles en Salvatierra (Álava) en 1980, informa Efe.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han explicado que Mobutu se ha negado a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, que dictó auto de prisión el 23 de agosto del 2000 y procesó al etarra el 7 de febrero del año siguiente. Por esta causa, a Mobutu se le acusa de tres delitos de asesinato terrorista agravado, ya que se le considera el autor de los disparos que causaron la muerte inmediata de los agentes.

El etarra, nacido en 1960 en Vitoria, fue detenido en Francia en abril de 2004 y condenado en dicho país el pasado año, junto a su pareja Mercedes Chivite Berango, a doce años de prisión como responsables de las compras internacionales de armas para la banda terrorista.

El Consejo de Ministros acordó por primera vez pedir a Francia la extradición del etarra en mayo de 2005, si bien la demanda fue rechazada por el Tribunal de Apelación de París porque los hechos estaban prescritos en el derecho galo.

Sin embargo, la investigación de este atentado se reabrió en 2000, fecha en la que se determinó la supuesta participación de López de la Calle cuando integraba el grupo Araba de ETA y que coincidió con su fuga del hotel de Aubusson en el que estaba recluido en Francia a la espera de ser expulsado.

La Audiencia Nacional ya condenó en 2003, por el asesinato de los tres guardias civiles, a sesenta años de prisión el etarra Ignacio Aracama, Macario, y a treinta al ex cura de Salvatierra Ismael Arrieta, al cual el Tribunal Supremo rebajó la pena a 18 años por la "desmesura" del retraso del Ministerio Público en dirigir la acusación, casi diecinueve años.

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