El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este martes que su departamento estudiará medidas que permitan avanzar en la agilización de los procedimientos judiciales, como sería la supresión de la inhabilitación del mes de agosto para la tramitación de causas. El objetivo es fomentar la seguridad jurídica en nuestro país como factor de competitividad frente a la actual situación de crisis, informa Europa Press.
Ruiz-Gallardón ha realizado este anuncio durante el acto de toma de posesión de su equipo en el Ministerio, en el que han jurado sus cargos el nuevo secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García; el subsecretario de Justicia, Juan Bravo Rivera; la directora del Gabinete del ministro, Cristina Coto del Valle; el director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández y la secretaria general técnica de Justicia, Mireya Corredor Lanas.
El nuevo responsable de Justicia ha estado arropado por destacados miembros de la judicatura, como el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el magistrado de este órgano Enrique López; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira; y miembros del Tribunal Supremo como Milagros Calvo.
También han asistido al acto la actual alcaldesa de Madrid, Ana Botella y otros integrantes de su anterior equipo en el consistorio madrileño, como el que fuera su vicealcalde Manuel Cobo y la ex delegada de las Artes, Alicia Moreno. Igualmente, han estado presentes la ex ministra de vivienda, Beatriz Corredor, el ex secretario de Justicia, Juan Carlos Campo y varios vocales del Consejo General del Poder Judicial encabezados por su vicepresidente, Fernando de Rosa.
Tras la jura de los cargos, Ruiz-Gallardon ha tomado la palabra para señalar que ningún equipo ministerial en Justicia ha tenido que hacer frente "a retos tan arduos como los presentes", debido a la actual situación de crisis.
El dirigente popular ha apuntado que aunque la importancia de los recursos es determinante en la administración de Justicia, no hay que olvidar que lo esencial es la gestión. "Esta va a ser la legislatura de la gestión, en la que las dificultades presupuestarias van a encontrar su mejor aprovechamiento", ha indicado Ruiz-Gallardón, para añadir que no pondrá la actual situación económica como pretexto para alcanzar sus objetivos.
Dichos objetivos son, para Ruiz-Gallardón, la aplicación uniforme de las nuevas tecnologías y la reducción del número de procedimientos judiciales, que en 2010 fueron más de nueve millones para una población de 46 millones de españoles cuando países como Francia, con 65 millones de habitantes, no supera los seis millones de procedimientos en total.
En este sentido, señaló que deben "modificarse costumbres que no son compatibles con una cultura competitiva", como es la inhabilitación procesal del mes de agosto "que tenía sentido por razones históricas" y que es algo que hay que revisar para avanzar en la agilización de los procesos.
Además, ha indicado que la seguridad jurídica es un factor de competitividad de nuestra nación, y que "cuando la crisis es prioridad para cualquier departamento de un gobierno y el paro castiga la vida de millones de ciudadanos de un país, no podemos seguir reteniendo miles de millones de euros (en procedimientos judiciales) que deberían estar destinados a la productividad y a la inversión".