El PSOE andaluz -y con él el Ejecutivo regional- tendrá que dar la cara por el escándalo de los ERE y las presuntas irregularidades que salpican a su organigrama. Ésta es, al menos, la intención del Gobierno de Mariano Rajoy, decidido a sacudir el polvo de los informes para que sean de conocimiento público.
La percepción del gabinete presidencial es que, hasta la fecha, la Fiscalía se "tapaba los ojos" ante la trama corrupta por petitoria del anterior Gobierno. Rajoy, muy consciente de lo que ocurre en suelo andaluz gracias a Javier Arenas, lo que pretende es que el fiscal "abra los cajones" y "trabaje" en pro de la verdad.
La politización de la Fiscalía en Andalucía llegó "a extremos inimaginables", en voz de un asesor del PP, que pone el acento en que lo que hace el Ejecutivo es permitirle "hacer su trabajo", lo cual hasta la fecha se le impedía por meros "réditos políticos".
Lo peor del escándalo aún no se conoce
"Lo peor está por conocerse", aseguró Arenas este mismo fin de semana. "Vamos a seguir apoyando la necesidad de una investigación parlamentaria y vamos a seguir respetando la investigación judicial, pidiendo al PSOE que deje de acusar a la jueza encargada del caso", sentenció.
En este sentido, el Partido Popular lideró este lunes una auténtica ofensiva a fin de reclamar responsabilidades políticas, principalmente al aún presidente autonómico, José Antonio Griñán, pero también a su antecesor y exvicepresidente de la nación, Manuel Chaves. De "incalificables" tachó María Dolores de Cospedal las últimas revelaciones, quién se definió "esperando" a que el jefe del Ejecutivo regional comparezca para dar una explicación.
"Las explicaciones aún no se han dado y suponen una responsabilidad gravísima para el aún presidente de la Junta", sentenció en una exposición inicial. Ya en el turno de preguntas, en su primera rueda de prensa del año en Génova, metió también en el saco a Chaves, una vez el acoso judicial a su hijo Iván aumenta: "Yo no voy a inmiscuirme sobre quién tiene que ser el candidato del PSOE, pero quién lo sea tendría que pedir explicaciones tanto a Chaves como a Griñán", remató.
A vueltas con los ERE, la secretaria general del PP sacó a colación la tasa de paro -del 30% en Andalucía, una de las más altas del conjunto nacional- para reafirmarse en que "esa explicación" se hace "todavía más necesaria si cabe" habida cuenta de que la trama infectó los fondos que se debían destinar a las personas en desempleo.
Un instrumento que penalice estas conductas
Sobre la gravedad y la profundidad del escándalo hizo pedagogía, ante los micrófonos de esRadio, el número dos de Arenas: "Estamos ante un fraude sin precedentes que es absolutamente indecente", remachó Antonio Sanz, poniendo encima de la mesa el último de los datos conocidos; esos 900.000 euros destinados a la creación de empleo, y que recayeron a pagar cocaína para fiestas.
"Es algo indigno, lo primero que tienen hacer es pedir perdón y luego responsabilidades políticas", afirmó, no sin poner encima de la mesa un dato demoledor: "Son más diez consejeros los que están implicados y aquí nadie ha dimitido". Tanto el PP andaluz como también el propio Ejecutivo central entienden que "ante tales extremos" tendría que existir un instrumento para depurar responsabilidad. De hecho, "ya se trabaja en ello", no teniendo que ser específicamente penitenciario.
El debate sobre la idoneidad o no de penalizar conductas indecentes se abrió hace ya meses en las filas populares, partido en el que sus altos cargos -véase presidentes autonómicos o alcaldes- firman un compromiso de ejemplaridad. Sin embargo, voces muy destacadas piden ir un paso más allá, una vez se ha descubierto, como en el caso de Castilla-La Mancha, una situación económica de ruina total por culpa de "la mala gestión, sino algo más".
En Andalucía, "todo parece indicar" que el panorama "es incluso peor". La prueba, agregan en Génova, son las continuas informaciones que se conocen sobre los ERE “a pesar del acoso judicial de Griñán” y “la utilización de la Justicia”. Arenas, que espera gobernar en la comunidad a partir de marzo -los últimos sondeos así lo auguran, advierte de una Hacienda en estado de quiebra.