Los presos de ETA han llevado a cabo en las últimas semanas una novedosa operación orquestada para presionar al Gobierno del PP de cara a conseguir una amnistía general para los terroristas que cumplen condena.
En torno a 500 internos han presentado escritos particulares ante la Audiencia Nacional pidiendo su excarcelación. Las razones alegadas son haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, habérsele aplicado la doctrina Parot o tener problemas de salud, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.
Estas mismas fuentes aseguran que se trata de una campaña organizada ya que del casi medio centenar, sólo hay unos 80 internos que piden la excarcelación para sí mismos. El resto son presos etarras que piden la puesta en libertad inmediata para otros compañeros recluidos en otras prisiones a cientos de kilómetros de distancia. Incluso se dan casos de reclusos internos en cárceles del norte que piden la liberación de terroristas que se encuentran en centros del sur.
En esta estrategia no han participado los cerca de 30 presos trasladados al Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava), ni otros encarcelados por terrorismo que se han desvinculado de su pasado siendo expulsados del EPPK (siglas en euskera del Colectivo de Presos de ETA) que actualmente engloba a cerca de 520 reclusos.
El segundo motivo por el que estas fuentes concluyen que se trata de una campaña de presión orquestada es el desorbitado número de casos en los que se alegan motivos de salud para forzar la excarcelación. En concreto, han metido en este bloque a todos aquellos que no han cumplido las tres cuartas partes, ni se encuentran bajo el cumplimiento de la doctrina Parot (en torno a 60 según datos recientes de Instituciones Penitenciarias).
Asimismo, en las alegaciones presentadas en los escritos, no existe ninguna mención a un arrepentimiento o perdón a las víctimas de ETA. La propia banda terrorista dejó claro en su 'Ekia' del pasado mes de octubre un listado de actuaciones que vertebran "la posición necesaria a mantener en la cárcel" en el que se recogía la prohibición de pedir perdón a sus víctimas o pagar los daños causados a las mismas.
El juez decide en próximos días
Estos escritos ya están encima de la mesa del juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, quien deberá decidir al respecto en los próximos días, indican estas fuentes. Con esto, los presos de ETA dan una nueva muestra de unidad en el marco de su estrategia puesta en marcha en las cárceles a partir de su adhesión al Acuerdo de Guernica a finales de septiembre y tras el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de la banda el 20 de octubre.
Cuando los presos anunciaron su apoyo a la citada declaración de Guernica impulsada por Batasuna y sus socios de Amaiur-Bildu, introdujeron matices, precisamente en la parte en la que este texto abría por primera vez la puerta a aprovechar la actual legislación penitenciaria de cara a lograr soluciones individuales en las cárceles. El Colectivo dejó entonces clara su postura a este respecto: exigían al Estado una "amnistía completa".
Esa controversia se solventó finalmente con una solución intermedia: los presos podían solicitar permisos y beneficios penitenciarios a los directores de las prisiones, pero la manera de articularlo sería global, es decir, todos los presos de una misma cárcel participaban a la hora de exigir un permiso para un compañero.
De este modo marcaban distancias con los internos en la cárcel de Nanclares de la Oca que en los últimos años han ido llegando a ese penal y accediendo a beneficios penitenciarios tras romper de manera unilateral con el Colectivo y manifestar su rechazo a su pasado criminal.
Desde que ETA decretó su cese definitivo de la violencia, la izquierda abertzale radical ha puesto en los presos el foco principal de sus reivindicaciones para presionar al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy.
Fruto de esa estrategia fue la multitudinaria manifestación que el pasado sábado recorrió las calles de Bilbao exigiendo al Ejecutivo un cambio en la legislación penitenciaria. "El Gobierno no se va a dejar presionar ni infringirá la Ley", ha replicado este martes el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.