Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen la acusación popular en el proceso de los cursos en Nueva York -la Fiscalía no acusa en este procedimiento-, han presentado este lunes su escrito de calificación provisional de los hechos a petición del instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, quien les había dado plazo para realizar este trámite tras terminar su investigación y concluir que la conducta del juez suspendido de la Audiencia Nacional podría suponer un delito de cohecho impropio.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación incluye hasta cuatro calificaciones diferentes. En primer lugar, solicita para Garzón una pena de multa de 27.000 euros (30 meses de multa a 900 euros el mes) por un delito de cohecho impropio aunque en régimen continuado, al considerar que la conducta del juez supuso en realidad siete delitos diferentes de cohecho.
Añade además esta parte en su escrito otras tres "calificaciones alternativas". Según la primera, piden para Garzón 5 años de prisión, inhabilitación para cargo público por diez años y multa del montante total de la dádiva por un delito continuado de cohecho propio del artículo 419 del Código Penal (siete cohechos en relación con los patrocinios del Banco Santander); más inhabilitación por cinco años y multa por otro delito continuado de cohecho propio del artículo 421 del Código Penal (en relación con los regalos de Telefónica, BBVA, CEPSA y Endesa).
A ello suman una petición de condena por prevaricación por asumir una querella presentada en su día contra Emilio Botín "estando incurso en causa de abstención por amistad e interés con los querellados". Este último delito conlleva una pena de 15 años de inhabilitación.
Una segunda alternativa sería la condena de Garzón por un delito continuado de extorsión, por lo que esta parte pide hasta 4 años de cárcel. Según Mazón y Panea, Garzón habría incurrido en "ascendencia intimidatoria" por estar investigando las cuentas ocultas de la familia Pinochet en el Santander y utilizar esta circunstancia cuando se dirigió a esta entidad para solicitar dinero para sus cursos en Nueva York.
En el caso del BBVA, dicha extorsión, según esta parte, estaría relacionada con el proceso abierto a la cúpula del BBVA que dio lugar a los cambios en la dirección del banco; mientras que podría haber tratado de intimidar a los directivos de Telefónica con su petición de dinero por haber tramitado anteriormente el "caso Endemol" y el "caso Sintel".
Finalmente, la presión a Endesa, según esta parte, se sustentaría por el reclamo a esta compañía del pago pendiente que quedaba por realizar para los cursos (la eléctrica habría solicitado entregar el patrocinio por partes) utilizando para ello un sobre oficial del juzgado, "capaz de intimidar a cualquiera".
La última alternativa que los abogados querellantes incluyen en su escrito es la de condena al titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco por un delito de asociación ilícita, por considerar que entre Garzón y los responsables de la Universidad de Nueva York se habría organizado una estructura de recaudación ilícita de fondos de empresas españolas "a cargo del juez que podría meter en la cárcel, llegado el caso, a los directivos de todas ellas si alguna denuncia o querella caía en su juzgado". Por este delito piden 2 años de prisión, multa de doce meses a 900 euros el mes e inhabilitación absoluta por doce años.
Mazón y Panea no solicitan indemnización ni pago de costas, por considerar que han actuado "en defensa del derecho y la justicia". Lo que sí piden es que se anule el archivo dictado en su día por Garzón en el "caso de las cesiones de crédito" y que el asunto se reabra por otro juez imparcial.