El cerco al diputado socialista y exconsejero de Empleo de la Junta en tiempos de Manuel Chaves, José Antonio Viera, se estrecha a quince días de que se inicie la campaña electoral.
Según El Correo de Andalucía, la Guardia Civil está "realizando un estudio detallado" de las ayudas que éste otorgó como consejero de Empleo dentro de la investigación abierta por las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), después de que el ex director general de Trabajo y principal imputado en el caso, Francisco Javier Guerrero, asegurara en su última declaración ante los agentes que fue quien "promovió" las subvenciones a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
Guerrero declaró este martes ante la Guardia Civil sobre el papel que jugaron Viera y el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, a quien la juez Alaya imputó el miércoles.
Además, en la declaración de Guerrero aparecieron los nombres de los exdiputados autonómicos Ramón Díaz, que fue asesor de la Dirección General de Trabajo, y José Caballos, que presidió la Junta Rectora del Parque de la Sierra Norte y que ha sido durante años la cabeza del socialismo sevillano.
La Benemérita quería saber por qué de los 60 millones de euros que Guerrero otorgó como ayudas directas a empresas entre 2001 y 2008, "unos 30 millones" fueran a parar a la Sierra Norte y, especialmente, a El Pedroso, localidad de la que es natural el exdirector general y zona de influencia política directa de José Caballos, ex secretario general del PSOE de Sevilla y exportavoz parlamentario del PSOE en la cámara andaluza.
Viera "jugó un papel esencial" en la concesión de ayudas a estas empresas, es la conclusión a la que llega la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un oficio remitido el miércoles a la magistrada Mercedes Alaya. En el mismo, los investigadores detallan que Guerrero destacó en su declaración del martes que Viera "no sólo tenía conocimiento de todas las ayudas", sino que tenía "especial interés" en las vinculadas a la entidad Matadero de la Sierra Morena, SAT Virgen del Espino y Almazara de Guadalcanal. "Hay que ayudar a Matadero de la Sierra Morena y a todas aquellas empresas que colgaban de la misma" fue la directriz que, según Guerrero, recibió del entonces consejero de Empleo.
Amigos "desde niños"
Guerrero declaró que José Antonio Viera, entonces aliado de Caballos, "es quien dirige realmente la política de concesión de ayudas y, Viera, tenía un especial interés en otorgarlas a empresas de la Sierra Norte", en concreto, a algunas que eran propiedad de los exediles socialistas de El Pedroso José María Sayago y José Enrique Rosendo, a quienes Guerrero conoce "desde niños" por la "amistad" que tiene con sus padres.
El último de ellos es hijo del exalcalde del citado municipio Rafael Rosendo, imputado en el caso por aparecer como intruso en el ERE de Cydeplast. Guerrero explicó que Rosendo era y es amigo de Viera, quien solía ir a la Sierra Norte "a cazar" y tenía "amigos que eran maestros". Además, "su pareja sentimental era ATS de la zona. En definitiva, un habitual de la Sierra Norte".
Según el ex director general, Rosendo y Sayago presentaron a Viera el proyecto del Matadero a través de la sociedad pública municipal que controlaban, la Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso, ente que recibió 900.000 euros en ayudas. Al parecer, Viera dijo que "este proyecto tenía que salir".
Sobre el conocimiento que los entonces diputados andaluces Díaz y Caballos tenían de estos movimientos, Guerrero precisó que el primero estaba con él "en todas las reuniones de negociación", mientras que del segundo sólo señaló que "era muy amigo" de Rafael Rosendo.
Otras empresas de la Sierra Norte que fueron ayudadas por Guerrero y la consejería eran de amigos o de personas cercanas, como es el caso del marido de una de sus secretarias. Sobre su chófer, Juan Francisco Trujillo, el de la cocaína, dijo Guerrero que desconocía que las empresas beneficiadas fueran de su propiedad.
El chófer declarará a cinco días de las elecciones
La juez Alaya también ha citado a responsables de algunas empresas investigadas, a un sindicalista de CCOO y al exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés.
Mercedes Alaya ha vuelto a acusar a la Junta de "obstaculizar la investigación" por no enviarle cierta documentación y por aportarle informes "cuya comprensión resulta imposible", cosa que ha vuelto a ser negado por la Junta.