“Es necesario separar el poder judicial de Bermejos y Condes Pumpidos”. La frase es de Mariano Rajoy, aún en calidad de candidato a la presidencia del país. Ya en el Gobierno, nada más aterrizar en Moncloa, ordenó una auténtica transformación de la Justicia para poner fin a la politización que incluía, entre otras muchas medidas, un cambio del formato de elección del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, aún quedaba por saber cómo reaccionaría el Ejecutivo ante un caso espinoso, complicado de abordar, y qué duda cabe que las muchas dudas que se ciernen sobre el atentado terrorista del 11-M está en la cúspide de todos ellos.
El jefe del Gobierno recibía la noticia a la salida del Consejo Europeo, en Bruselas: el fiscal general, Eduardo Torres Dulce, anunciaba que había ordenado investigar el foco del 11-M hallado por este diario. Decisión que marca “un antes y un después”, admiten fuentes del Gobierno. Rajoy se preparaba una respuesta escueta -de pocos segundos- pero concluyente: “Mi respeto a la independencia de la Fiscalía, en este asunto y en cualquiera”.
Ni una coma más, ningún adjetivo de ningún tipo. Vía libre para investigar y conocer toda la verdad sobre la masacre de Madrid. Una diferencia inmensa con respecto al anterior Gobierno, que hacía habitual las llamadas al poder judicial. El fiscal “es hoy independiente”, insistían fuentes del Ministerio de Justicia, reforzando las palabras del presidente.
“Evidentemente, puede investigar lo que estime oportuno”, añadían las fuentes consultadas, dando tranquilidad a Torres Dulce, que ha recibido el elogio encendido de unas víctimas que se creían abandonadas. Es un ejemplo más de la línea de acción de Rajoy, pero también muy especialmente de Alberto Ruiz Gallardón, que ha tomado como mantra recuperar “el prestigio” de la Justicia en España.
Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid -y, por tanto, otra de las voces más autorizadas en este sentido-, afirmó lo que por otro lado es un sentimiento más que extendido entre las bases del PP: “Sobre todo no es una orden del fiscal, sino que es una demanda de la sociedad que piensa que queda mucho por saber”. “Todo lo que sea llegar hasta el final” dará “tranquilidad” a las víctimas, afirmó en declaraciones a esRadio.
Se abre así una nueva vía de investigación sin interferencia política. El Gobierno la acata y respeta. Un guiño más a esa revolución judicial que empieza a hacer historia y que podría conllevar una auténtica separación de los poderes del Estado.