La Confederación Española de Policía (CEP) ha presentado una denuncia ante Fiscalía contra el presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem), Alberto Ordóñez, al considerarle "cabecilla" de las "revueltas" y sostener que "alentó" a "realizar hechos delictivos" durante las protestas estudiantiles que se llevaron a cabo el pasado mes de febrero en Valencia y en las que, destaca en el escrito, la actuación policial era "del todo necesaria para restablecer el orden e impedir el caos".
Según la denuncia interpuesta por el sindicato policial, con fecha 27 de febrero y dada a conocer este martes, Ordóñez hizo unas declaraciones a los medios de comunicación el 20 de febrero en las que aseguraba que iban "a continuar quemando las calles de Valencia" con las que "no solo está incitando al colectivo estudiantil, sobre el que tiene una doble ascendencia, en su calidad de presidente de una federación de estudiantes y miembro del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, a endurecer su protesta mediante actos vandálicos, sino que esta actuación, cuanto menos, constituye un delito tipificado en el Código Penal".
De acuerdo con la denuncia, con su declaración, "promovió" el "incremento de la violencia con la que los concentrados proyectan su respuesta en las calles de Valencia" donde señala que se quemaron contenedores y se causaron desperfectos en el mobiliario urbano, y considera que provocó que se "acometiera" con "mayor firmeza la respuesta radical y violenta ante los legítimos requerimientos de la Policía, alterando gravemente el orden público".
Para este sindicato policial, la actuación de Ordóñez se encuentra en el tipo recogido en el Código Penal "como provocación a la multitud, mediante radiodifusión u otros medios de comunicación a la perpetración de sendos delitos (alterar el orden público y ofrecer una resistencia activa ante los legítimos requerimientos de los agentes de la autoridad)", lo que constituye un delito de atentado, y sostiene que también alentó a la desobediencia "siempre ante una clara y grave falta de respeto" a las Fuerzas de Seguridad.
La denuncia apunta que se trató de una "congregación concertada por un único responsable público" y que no reunía "las más mínimas garantías de legalidad, en cuanto a las claras y precisas intenciones que se perseguían, que excedían desde su inicio a la simple y legítima reivindicación estudiantil ante unas carencias materiales en los centros formativos valencianos".
"Palmaria implicación"
En la denuncia se añade que es "palmaria" la "implicación, tutela y control" de Ordóñez "como promotor, director y portavoz" de las concentraciones celebradas y sus resultados "que han sido convocadas fuera de los cauces previstos por la legislación vigente, se ha alentado a los que las integraban para elevar la radicalidad en la respuesta en la calle, se han cometido innumerables hechos delictivos, alterando gravemente el orden público, causando daños en propiedades y bienes, atentando contra agentes de la autoridad", lo que enmarca en el artículo 513 y 514 del Código Penal.
El escrito añade que a la fecha de la interposición de la denuncia, 15 personas presentaban lesiones de las que once "son funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con lesiones de diferente índole, desde mordiscos" a "esguinces, erosiones y eritemas en diferentes partes del cuerpo, ocasionadas por algunos de los manifestantes violentos, aleccionados y alentados por Alberto Ordóñez".
Asimismo, afirma que las detenciones por parte de los agentes se practicaron "dentro del marco de la legalidad y el buen proceder policial" y apunta que "prueba de ello, es que las personas detenidas, después de haber declarado ante la autoridad judicial, han sido puestos en libertad pero con cargos, lo que presupone unos indicios de criminalidad".