El Gobierno dejó atrás la retórica y las buenas palabras de épocas anteriores para poner encima de la mesa una histórica Ley de Transparencia, con la que la administración central, autonómica y local estarán bajo vigilancia, con el plus de que la propia población podrá ejercer de controlador. La norma se enfrenta a partir de ahora con la liturgia parlamentaria, que podría demorar bastante su puesta en funcionamiento, pero de la letra de la música se desprende que muchos de los casos de corrupción que hoy escandalizan a la opinión pública no podrían reeditarse.
En la cúspide de todas esas corruptelas, la denominada tela de araña andaluza. “Si esta ley hubiera existido, casos como el de los ERE, sin ningún tipo de control, se podrían haber evitado o, en caso de producirse, hubiera llevado a sus responsables ante la Justicia”, argumentó un miembro del Consejo de Ministros, en conversación informal. La Ley, de acuerdo al marco constitucional, no es retroactiva, pero sí pondrá “la lupa” ante las posibles tramas de corrupción que puedan ir surgiendo.
“La Ley de transparencia acabará con algunas conductas poco edificantes que estamos viviendo estos días”, expuso la vicepresidenta primera, al término de la reunión. Soraya Sáenz de Santamaría se refería expresamente a los casos de corrupción que afectan al Gobierno andaluz y al PSOE, y particularmente a los que involucran a Manuel Chaves y a su familia.
En el Ejecutivo muestran máxima cautela sobre a qué cargos públicos podría afectar la norma, una vez entre en vigor, pero ahí están los puntos básicos de la misma para poner de relieve su importancia. Primer titular: quienes falseen las cuentas u oculten datos de naturaleza contable podrán ser castigados con hasta diez años de inhabilitación y la correspondiente multa. “Evidentemente, si quien lo comete es un consejero que permitió que el dinero de los desempleados fuera a parar a amigos del PSOE, pues éste sería el responsable”, traducen fuentes gubernamentales.
Todas las administraciones estarán en el punto de mira. Las conductas que se sancionarán serán aquellas contrarias a las formas de buen gobierno, a la ley presupuestaria actual y a la futura ley orgánica de estabilidad presupuestaria que actualmente se tramita en el Parlamento. Habrá varias categorías de delito; las más graves conllevarán la inhabilitación de diez años. Es cuando haya “verdadero falseamiento y ocultación” de datos contables “ligados al cumplimiento de la normativa presupuestaria”, en voz de Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta trufó su intervención de ejemplos que serían considerados actitudes “muy graves”, como la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin cumplir las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación e ingreso en el Tesoro, así como la autorización de compromisos de gasto sin tener crédito suficiente para hacerlo.
También tendrán esa consideración la ausencia de justificación de los fondos con arreglo a la ley de subvenciones, el incumplimiento deliberado de la obligación de reducir el nivel de deuda pública en los términos previstos por la ley y el incumplimiento de las medidas de corrección previstas en la futura ley de estabilidad presupuestaria, recogió EP.
Como tercer ejemplo, la vicepresidenta destacó la conducta consistente en no formular los planes de ajuste o los planes económico-financieros en todos aquellos supuestos que prevé la citada ley. El objetivo, no se cansó de repetir, será devolver la credibilidad a las instituciones públicas, actualmente bajo el manto permanente de la sospecha.
De lo que no se habla, en principio, es de penas de cárcel. “Si no se cumple con la multa, se sustituye por la pena de prisión”, recordó la portavoz, si bien el Ejecutivo no llega tan lejos. Tampoco cree que sea necesario, tras un contundente decálogo de sanciones, que podrán incluir destituciones y la imposibilidad de ser nombrados en otros ámbitos de la administración durante un periodo de entre cinco y diez años. También se reforma la ley de incompatibilidades y se pone coto al sueldo de los alcaldes, concejales o presidentes de Diputación, a través de unos baremos de retribución de los organismos locales.
Sobretodo ello estará al tanto la que pasará a denominarse Agencia de la Transparencia, y que actualmente tiene el nombre de Agencia de la calidad de los servicios y políticas públicas. El nombramiento del encargado podrá ser vetado por el parlamento en aras de la independencia.
Subvenciones a ojos de todo el mundo
Esta norma tiene, además, otro aspecto igualmente relevante, y que tiene como objeto acabar con la opacidad de todo lo público; el secretismo con el que hasta la fecha se habían llevado las cuentas públicas, de las que rara vez tenían conocimiento los ciudadanos. De nuevo, utilizando la percha de “la credibilidad y la confianza”, Sáenz de Santamaría anunció que la administración se abrirá de par en par permitiendo conocer las subvenciones y ayudas públicas hechas, las retribuciones de altos cargos y directivos o en qué grado de ejecución está una obra determinada y cuál es su presupuesto.
Las oportunidades son múltiples, aunque no se llegará al caso de que la opinión pública pueda saber con quién se reúne el presidente y durante cuanto tiempo, como ocurre con Estados Unidos. Algo, eso sí, que no quita para destacar que nunca antes los ciudadanos habían tenido tal acceso a la información pública. Es lo que la portavoz denominó “publicidad activa”, y sobre la que se empezarán a dar pasos la próxima semana.
Para canalizar toda esta información, el Ejecutivo creará un portal de internet “de la transparencia” en el que los ciudadanos también podrán participar, por ejemplo alertando de actitudes que pudieran ser constituyentes de delito de acuerdo a la nueva Ley. Ya este lunes, el Gobierno espera las sugerencias de los españoles, que podrán enviar desde la web de Moncloa.
Con este plan, Mariano Rajoy espera que no se vuelva a dar el caso de un Gobierno que mienta con su déficit público. Su equipo da por hecho que se encontrarán con “una triste noticia” en Andalucía. “Los niveles de déficit y deuda estarán detallados”, insistió Sáenz de Santamaría, que vendió la Ley como una píldora de confianza de cara al extranjero, algo que se antoja decisivo cuando la prima de riesgo se ha disparado y la Bolsa se dibuja en rojo.
“Esta Ley tiene como objetivo fundamental la credibilidad fuera. Decir que las administraciones van a cumplir con sus obligaciones, y que lo van a hacer con responsabilidad administrativa y penal de los altos cargos”, expuso. Aún más, incidió en que España “es un país que cumple y va a cumplir” y que “los incumplimientos de otros”, aunque hacen que “se cuestione lo de todos”, acabarán por disiparse. “Se establecerán medidas muy duras, muy rigurosas, frente a los que no gestionen bien”, sentenció la vicepresidente, que advirtió: “Vamos en serio”.