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Alaya investiga las ayudas al negocio socialista en la minería de Huelva

Esta compañía está controlada por Severiano López, economsita próximo al PSOE que asesoró a Juan Guerra.

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La juez Mercedes Alaya pidió información al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, sobre la empresa Rumbo 5.0, a la que vinculó con el hijo del expresidente Manuel Chaves, Iván Chaves, y a históricos socialistas como Amparo Rubiales y Javier Pérez Royo.

Uno de los proyectos era la construcción de una urbanización de lujo en los antiguos terrenos de las Minas de Riotinto, que se compraron tras haber obtenido información sobre su subasta. Rumbo 5.0 está controlada por Severiano López, economista próximo al PSOE que asesoró a Juan Guerra y que tenía contratado a Iván Chaves.

Según ABC, Rumbo 5.0 está activa con un objetivo: presionar a los responsables del proyecto actual de reapertura de Riotinto, que capitanea Emed, hasta que éstos les den entrada como accionistas de referencia, lo que le permitiría multiplicar su inversión inicial -1,5 millones de euros por un territorio superior a los 1.200 hectáreas- aportando, exclusivamente, sus terrenos.

Pero Emed está vinculada a otro sector socialista andaluz en el que están viejos conocidos del clan de José Caballos, entre ellos, su propio hijo. Incluso fue presidida por el exconsejero de Manuel Chaves, Guillermo Gutiérrez Crespo.

Varias denuncias interpuestas

Emed Tartessus tiene interpuestas varias denuncias ante la Guardia Civil de Riotinto, el Seprona y el Juzgado de Valverde del Camino, en las que acusa a Rumbo y a trabajadores de esta empresa de bloquear el acceso de sus técnicos para impedirles realizar la reparación de grietas en los muros de las balsas, ante el peligro de contaminación existente por posible filtración de agua ácida.

Junto a ello, está dilatando una inversión que puede ser la tabla de salvación para esta comarca de Huelva, muy castigada por el paro. Unos 200 millones de euros de desembolso inicial y 1.200 empleos directos e inducidos son sus principales avales.

La Junta de Andalucía, donde influyen decisivamente Amparo Rubiales y Javier Pérez Royo, se ha alineado en la última semana con las tesis de Rumbo 5.0. De hecho, la delegada provincial de Economía, Innovación y Ciencia, María José Asensio, ha acusado a Emed de que "no existe ningún documento" que acredite su solvencia económica, a pesar de que esta compañía cotiza en la Bolsa de Londres y de que ya ha cerrado con diversas entidades —como Goldman Sachs— el paquete financiero para la reapertura del yacimiento.

Un resumen de la historia

"Los sindicatos y Administración autonómica querían cerrar para siempre las minas". Así se expresaba Carlos Estévez, exdirector general de Minas de Riotinto en 2003, época en que se produjeron los grandes ERE que afectaron a más de 1.400 trabajadores de la minería de Huelva. Sin embargo, pocos años después, el negocio minero en Huelva parecía resucitar, esta vez de la mano de destacados dirigentes andaluces del PSOE, como Javier Pérez Royo, Amparo Rubiales, el exconsejero de Empleo de la Junta, Guillermo Gutiérrez Crespo, además de Paula Chaves, la hija del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

Los orígenes de la resurrección minera: Javier Pérez Royo y amigos

El primer indicio del interés de elementos destacados del PSOE andaluz en el resurgimiento del negocio minero, en algún caso mezclado con un negocio urbanístico, fue el caso de Javier Pérez Royo, que llegó a conocerse como El Ángel, según contó el periodista onubense Manuel María Becerro.

Javier Pérez Royo, columnista de El País, se presentó en abril de 2006 ante el alcalde de Riotinto, el socialista José Manuel Delgado, como el representante legal de Rumbo 5.0, la empresa que pujó en una subasta convocada por la Agencia Tributaria, que había embargado los terrenos, hasta hacerse con 1.200 hectáreas de terreno de la antigua MRT a cambio de 2,8 millones de euros, al parecer una cantidad irrisoria teniendo en cuenta su riqueza minera y ecológica.

Uno de los compromisos que adquirió ante el Ayuntamiento riotinteño, Pérez Royo, amigo personal del expresidente de la Junta, Manuel Chaves, fue el de ofrecer en pocos días un dossier sobre el grupo empresarial que realmente estaba detrás aportando liquidez al proyecto urbanístico-industrial que se traían entre manos.

Naturalmente, Rumbo 5.0 era la fachada. Los nombres de otras dos sociedades fueron revelados por Pérez Royo en la reunión del 1 de marzo de 2006, Vía del Atlántico y la Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales. Contaba cada una con un capital social de un millón de euros, frente a los 3.005,06 euros de Rumbo 5.0 -el mínimo exigido por ley-.

En 2004, Vía del Atlántico superó en ventas los 4,6 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 217,8% en la producción respecto al año anterior. Pero más increíbles resultan los números de la Compañía de las Indias Occidentales: de arrojar pérdidas en 2003 por valor de 1,9 millones de euros, en 2004 logró 45,7 millones en beneficios gracias a unas ventas de 110,8 millones, lo que supone una evolución en ganancias del 2.495%.

Antonio Salas Bayón, el administrador de Rumbo 5.0 que acompañó a Pérez Royo en la cumbre riotinteña, desempeñaba ese mismo cargo en Vía del Atlántico, mientras que el responsable de los picos financieros de la Compañía de las Indias era su socio en Explotación Maderera Siberiana SL, Severiano López, que hizo el negocio del siglo en la Costa del Sol hace unos años, y que, aunque poco relacionado con la minería, tuvo buenas relaciones con Juan Guerra del que llegó a ser asesor fiscal en los momentos previos a su procesamiento.

Pérez Royo tiene un estudio jurídico -"Estudio Jurídico Itálica"- en común con Amparo Rubiales Torrejón, amiga personal de Manuel Chaves, que ha pasado por numerosos cargos políticos en la Junta, en el gobierno y en el parlamento español -ahora es consejera de Estado-. Su estudio es cliente de Iván Chaves.

Al parecer, a espaldas de los ayuntamientos de la zona, según cuenta Becerro en su blog, Pérez Royo y Rubiales se entrevistaron con la directora de la Agencia de la Energía de la Junta, Isabel de Haro, para sondear las posibilidades jurídico-administrativas reales de que se reabriera la línea del cobre. Amparo Rubiales, se puso en contacto con el secretario general del PSOE de Huelva, Javier Barrero, para informarle de eran ellos los que llevan la representación jurídica de quienes compraron en diciembre la mitad del pueblo de Riotinto en una subasta.

Luego, estos accionistas vendieron los terrenos y la explotación a Emed. Y luego se supieron las relaciones de Iván Chaves, el hijo de Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, con varias de las empresas implicadas en esta operación. También con el bufete de Pérez Royo y Rubiales.

La presencia de Iván Chaves

Iván Chaves, el comisionista, se había dedicado a quitar obstáculos públicos y privados a los proyectos de Severiano López Martín, el dueño de la Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales y en su día asesor de Juan Guerra. Su compañía está vinculada contractualmente a través de Cexmark Soluciones al hijo de Manuel Chaves. Ya se sabía que López Martín tiene intereses urbanísticos en la localidad onubense de Minas de Riotinto.

Como acabamos de contar, en diciembre de 2005, Severiano López se hizo -a través de Rumbo 5 Cero SL y por sólo 2,8 millones de euros- con 1.200 hectáreas embargadas a la antigua compañía minera Minas de Río Tinto SA (MRT) en una "subasta" de la Agencia Tributaria.

Iván Chaves firmó con López un contrato por 30 años que expira en el año 2038, un modo nada habitual de operar en ningún negocio.

Emed Tartessus y un exconsejero de Chaves

En el caso de Emed Tartessus, la relación deriva de que su presidente ha sido durante un tiempo Guillermo Gutiérrez Crespo, Wili para los amigos y ahora apoderado, que fue Consejero de Trabajo e Industria, del propio Manuel Chaves. Igualmente participa en la empresa en calidad de apoderado Jesús Caballos Cataño, hijo de José Caballos Mojeda, exportavoz parlamentario de Manuel Chaves en el Parlamento andaluz. Lamentablemente, al pertenecer a un grupo ‘no amigo’ del chavismo -que defenestró a Caballos-, el proyecto de Emed Tartessus, comprador de Minas de Riotinto y competidor directo de Minas de Aguas Teñidas, la empresa apoderada por Paula Chaves, no lograba contar con el visto bueno de la Junta aunque lo presentó casi al mismo tiempo que Minas de Aguas Teñidas.

Fueron dos los proyectos presentados a la Junta de Andalucía por Emed Tartessus para poder abrir la Mina de cobre de Riotinto, pero los dos fueron rechazados a pesar de que situaron al frente de la presidencia de su filial española a Guillermo Gutiérrez, quien vivió desde ese puesto la época de crisis y cierre de la mina onubense. Cinco Días advirtió en sus páginas de que este nombramiento no era otra cosa que un intento de influir en la Administración de la Junta de Andalucía. Decía textualmente el diario económico de Prisa:

"Según el proyecto presentado ayer en Riotinto por el director general de la filial española, Aristidis Anagnostaras, la mina prevé ingresar como mínimo 150 millones anuales frente a un coste de explotación de 130, lo que arrojará unos beneficios brutos anuales de 20 millones en la menor franja de cotización del cobre. La corporación, que dice contar con todas las garantías medioambientales, ha situado en la presidencia de su filial al ex consejero de la Junta Guillermo Gutiérrez para agilizar su relación con la Administración.".

El artículo lo firmaba Rosa Coronillas, esposa de Enrique Jesús Cervera Grajera, exportavoz de Chaves.

Según Europa Press, la Junta de Andalucía continúa trabajando con Emed Tartessus para que el proyecto presentado para la reapertura de la mina de Riotinto sea una realidad "lo antes posible", y recuerda que ha sido la propia empresa la que ha mostrado su satisfacción por los avances que se estaban produciendo en la tramitación del proyecto, que permitiría reactivar la economía de la Cuenca Minera.

El caso MATSA y Paula Chaves

El proyecto de Minas de Riotinto, el proyecto histórico de la minería onubense y española, era directamente competidor en algunos elementos, del que lidera MATSA, la empresa apoderada por Paula Chaves, proyecto para el que todo han sido facilidades desde dentro de la Junta.

De este caso, no merece la pena más que recordar el escandalazo suscitado por la recepción de la empresa de 10 millones de euros a fondo perdido por parte del gobierno de la Junta, presidido por el propio Manuel Chaves, quien, contraviniendo su propia Ley de Incompatibilidades, ni siquiera se ausentó de la sesión en la que concedieron las ayudas a la empresa apoderada por su hija.

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