'El País' da por sentado que la juez Alaya imputará a Chaves, Griñán y Viera

"Fue decisión del consejero de Empleo, en aquel momento don José Antonio Viera, quien se lo propone al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), para realizar dicho convenio". La frase corresponde a un momento del interrogatorio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión preventiva por el caso de los ERE. Con esta frase, concluye el diario de Prisa, "consolida un secreto a voces de la instrucción: la imputación del diputado y ex secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, avanzada por la Guardia Civil pero sobre la que la magistrada no se pronuncia porque será instruida por el Tribunal Supremo al ser Viera aforado". Además, Manuel Chaves y José Antonio Griñán van a ser imputados, según el diario.

Sigue diciendo El País que el testimonio de 358 páginas de Fernández da pistas y claves bien claras y superiores incluso a las aportadas por la juez en su auto de prisión que, sigue diciendo el diario, "avanza la imputación de varios consejeros, entre ellos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el interventor general y parte del servicio jurídico, todos ellos parte de una connivencia política basada en el corazón del Gobierno andaluz. La juez insinúa la participación del expresidente de la Junta Manuel Chaves al referirse a la participación de "los superiores" de Fernández en el diseño del fondo que considera ilegal."

"Creo que [Viera] tuvo que comentar el nuevo sistema operativo al sr. Chaves, ya que en aquellas fechas había diferentes crisis como la de Santana (...) Chaves debió conocerlo, al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno. No se trata de una conversación de pasillo, sino que era un tema de importancia y, a mi juicio, legal para intervenir en la economía andaluza", remató Fernández en su declaración. El problema es que si no fue una "conversación de pasillo", pero el sistema era ilegal, entonces todos fueron cómplices, desde Chaves a Fernández. Dado que la juez considera ilegal el fondo, fruto de una connivencia política a gran nivel, podría derivarse, sigue El País, en la imputación de la anterior cúpula del Ejecutivo al completo.

La responsabilidad podría llegar incluso a empresarios y sindicatos. Fernández explicó que los sindicatos y la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) conocían la existencia de este fondo opaco. A la pregunta por los pequeños empresarios de provincias alejadas de la capital andaluza que nunca se beneficiaron del fondo, Fernández respondió: "Las empresas no tenían por qué tener este conocimiento, existían unas ayudas por una decisión política del Gobierno para ayudas a unos extrabajadores, no eran una ayuda para que una empresa decidiera despedir o no, con sus consecuencias legales". O sea, eran decisiones políticas arbitrarias.

Que la cúpula del Gobierno ideó el sistema para repartir ayudas que pudiera sortear los reparos de la Intervención y la Unión Europea a los pagos directos, queda claro con estas optras respuestas de Fernández. "¿Qué influencia tuvo el Gobierno en la elaboración del referido convenio marco?" Respuesta: "Lo hizo un consejero, y un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta". Para que no haya duda, esta respuesta es del primer día de su declaración.

El País descubre ahora el nepotismo socialista en Andalucía

Tras años de publicación en las páginas de Libertad Digital de la Tela de Araña andaluza, Prisa parece haberse dado cuenta ahora del "nepotismo extremo" imperante. Y hace un resumen de la tela de araña de la Sierra Norte de Sevilla, manantial de votos socialistas desde hace 30 años: Viera es "amigo personal" del exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo. Su hijo, exconcejal socialista y empresario José Enrique Rosendo, recibió la friolera de 29 millones de euros con destino a empresas pantalla en su mayoría sin empleados ni actividad. . La hija del exconsejero, Sonia Viera, trabajó para dos empresas de Rosendo. En la primera de ellas, Sevilla Siglo XXI, percibió 90.000 euros. En la segunda, Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, trabajó también Sonia Viera, pero a esta le acompañó Jesús Caballos, hijo del veterano parlamentario del PSOE José Caballos y expresidente del Parque Natural de la Sierra Norte sevillana. Caballos explicó en su día que no veía ningún tipo de incompatibilidad porque su hijo era un profesional y él se limitó a ponerle en contacto con los empresarios que le contrataron.

La juez hizo hincapié en la relación del responsable de la consultora Uniter, José González Mata con el exconsejero Fernández, ambos amigos y residentes en Jerez de las Frontera y cree que el último conseguió para el amigo la tramitación de numerosos ERE. Además, acusa a Fernández de conceder 300.000 euros a su amigo el empresario Eustaquio Reina y achaca al exconsejero su amistad con Antonio Gutiérrez, letrado de Estudios Jurídicos Villasís y antiguo miembro del despacho de Felipe González en Sevilla, que asesoró a la empresa pública Santana Motor. Los amigos están asimismo presentes entre los "intrusos" colocados en los ERE como Andrés Carrasco, Domingo Martínez, Antonio Arquero y Alejandro Millán, amigos del ex director general Javier Guerrero.