Esos son los ganadores, en este momento, del debate de investidura que comienza hoy y confirmará el jueves el voto parlamentario. Frente a ello, la oposición única de un Partido Popular dirigido por Javier Arenas que espera que la realidad conduzca al PSOE e a IU a la división interna y a una crisis de gobierno que puede desembocar en nuevas elecciones a corto plazo. En una Andalucía destrozada por el paro y desanimada por la falta de perspectivas, el programa de gobierno hecho público por PSOE e IU dedica apenas dos folios a este drama social y sólo menciona una Agenda Andaluza del Empleo pactada y sustentada por los sindicatos, un plan de choque por el empleo basado en obras sin especificar y destinado a parados de lartga duración y con cargas familiares sin referencia a su cualificación, una mención a las políticas activas de los jóvenes y una raquítica reducción de impuestos a cooperativas creadas este mismo año y a empresarios que contraten a un primer trabajador. Eso es todo. Mucha letra y poca cifra, certifica El País.
IU acepta el régimen impuesto por el PSOE desde 1982 a cambio de poder, un poder que cifra -nadie sabe por qué- en el 30% del tinglado institucional, porque sus votos y sus diputados sólo alcanzan como mucho el 20%. Quieren la vicepresidencia "transversal", esto es, con mano e información de todas las Consejerías incluidas las socialistas y tres carteras más, Gobernación, Turismo y Fomento (estas dos, departamentos de dinero contante y sonante). A cambio, deja a los radicales de Sánchez Gordillo en la oposición interna. Tienen ante sí el riesgo de fractura y grave deterioro como ya le pasó al Partido Andalucista.
Los sindicatos UGT y CC.OO, que a lo largo de estos años de régimen socialist, han acumulado un importante papel de gestión en diferentes área de gobierno, sobre todo en el de la formación profesional y el empleo, ven cómo sus recursos externos -los procedentes de las subvenciones varias de la Junta, Diputaciones y Municipios-, no van a ser afectados por los recortes con lo cual lograrán objetivos básicos como la consolidación de una Administración Pública mastodóntica donde colocar a los 25.000 ex empleados de empresas públicas y entes diversos y consolidar sus aparatos regionales y provinciales. Nada menos que 140 millones de euros han recibido por su gestión de "ayuda" a los parados y se seguirán nutriendo de estos fondos a pesar de haberse denunciado que no han justificado la mitad de los dineros que han recibido.
Por su parte, el Partido Popular, la mayoría del parlamento andaluz, deberá reaccionar de una vez y ser consciente de que es la única voz de la oposición que es, a la vez, la voz del gobierno de la Nación y la voz de las capitales, de cinco diputaciones y numerosos ayuntamientos. Igualmente, será la voz de toda la oposición cívica a la continuidad de un régimen que no ha sido capaz en treinta años de conducir Andalucía a la prosperidad y el desarrollo que esperaba su Estatuto de Autonomía.
Esta imagen fija comenzará distorsionarse a partir del jueves debido a la gestión diaria de gobierno donde la coalición forzada de IU y su necesidad de diferenciarse de la corrupción socialista conducirá a no pocos altercados. Igualmente, el escándalo de los ERE, tanto en el Parlamento como en el Juzgado, puede producir serios cortocircuitos en la acción de gobierno. El Partido Popular, si finalmente logra enderezar la economía nacional y recuperar el nivel de creación de empleo, podrá desmontar la "confrontación" orquestada por el régimen andaluz. Con un discurso claro de cambio y regeneración, el PP será el único referente de una Andalucía abierta y competente que optaría, anticipadamente o no, al gobierno de la comunidad.