La Fiscalía de Sevilla centrará en nueve personas su investigación sobre la difusión del polémico borrador de un informe sobre los ERE que ha elaborado la Cámara de Cuentas. Se trata de cuatro consejeros de la Cámara, tres auditores de plantilla del órgano fiscalizador y dos técnicos que actuaron como personal de apoyo para realizar el sesudo análisis del fondo para empresas en crisis de la Consejería de Empleo.
Especial interés cobra la figura de Rafael Rodríguez, de Izquierda Unida, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía en el gobierno de coalición PSOE-IU, que fue quien dirigió el informe desde 2011. Es decir, fue nombrado consejero del gobierno Griñán conociendo el contenido del informe que condena la gestión de la Junta y sus dos últimos presidentes, Manuel Chaves y Griñán, en el caso de los ERE.
El País adelanta este jueves que los cuatro consejeros sospechosos son Mariano Pérez de Ayala, nombrado por el Partido Andalucista y que dirigió el informe desde abril de 2011 y hasta el pasado diciembre cuando abandonó la Cámara; el consejero de Turismo Rafael Rodríguez, que ejerció como consejero por Izquierda Unida y tomó el testigo del informe tras la salida de Pérez de Ayala y hasta su nombramiento hace un mes; el presidente de la Cámara, Antonio López, y Amelia Martínez, consejera desde diciembre por el PP y antigua auditora de la empresa de la Junta Invercaria, que también obtuvo un informe por la gestión escandaloso que reveló y cuyo informe destapó el caso por pagos supuestamente irregulares.
Sin embargo, el PSOE ya ha encontrado culpable en la figura de Amelia Martínez, a la que el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, ha señalado directamente como "filtradora" del informe, pero el PP pregunta si hay relación entre el informe descubierto y el nombramiento de Rafael Rodríguez de IU, director del informe comprometido, como consejero del gobierno Griñán en la suposición que podría haber habido un pacto de silencio.
Comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas
El PP-A pedirá la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, propuesto por el PSOE para el cargo, ante el Parlamento andaluz para que explique el contenido del informe del órgano fiscalizador que cuestiona, según los populares, la actuación de la Junta de Andalucía en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
El portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, dijo el miércoles que López debe "dar luz" sobre este tema y aclarar la responsabilidad política que se pueda derivar. "Lo que nos interesa es que se sepa la verdad cuanto antes, que haya transparencia y sepamos cuál es la responsabilidad de la Junta de Andalucía en toda esta trama de los ERE. Los que están gobernando tienen muchas cosas que explicar", ha mantenido el portavoz, para quien la investigación sobre los ERE "está enfocando cada vez más al señor Chaves y al señor Griñán".
El pasado martes, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, negó en Córdoba la existencia del supuesto informe, pero Rojas ha asegurado que "sí ha sido elaborado y existe", ya que la propia Cámara de Cuentas así lo ha reconocido.. "Griñán debería de manifestarse sobre el mismo y sin duda pone al descubierto y deja claro la actuación irregular de todo el gobierno de la Junta durante todos estos años en el asunto de los ERE", relata Europa Press.
Para Rojas, lo "realmente trascendente" es que el informe técnico aludido pone de manifiesto la posible responsabilidad de Griñán, al que ha interpelado para que ponga en manos de la Fiscalía todo lo que contiene el documento.
También aludió al hecho de que el actual consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, de IU, fuera hasta que se incorporó al Ejecutivo, el que dirigió el informe. Preguntó, en alusión a Griñán, si ha habido alguna relación entre este asunto y el nombramiento de Rafael Rodríguez como consejero.
La importancia de un informe filtrado
El ya famoso informe tiene una gran importancia por dos razones. Una, porque, como cuenta El Mundo, los consejeros de la Cámara de Cuentas van a tener que admitir en el pleno que las irregularidades en la gestión del fondo de reptiles se mantuvieron después de 2010 o que la Junta pagó hasta 3,8 millones de euros a las empresas mediadoras, un extremo negado taxativamente por el Gobierno andaluz.
Dos, porque este informe interesa muy especialmente a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla porque apuntala, argumenta y demuestra la hipótesis que rige sus pesquisas desde hace años, esto es, que la cúpula de la Junta de Andalucía estaba en el ajo de los ERE.
El pasado mes de enero fue el propio presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, el que anunció que el informe provisional sobre los ERE –iniciado el 22 de junio de 2011– estaría listo "a finales de marzo o de abril", algo que no gustó a José Antonio Griñán que había pensado convocar las elecciones andaluzas en marzo, como así fue. Al poco tiempo, la Cámara aclaró que el informe no estaría terminado hasta finales de abril o incluso el mes de mayo.