No solo una honda preocupación por el futuro más inmediato, sino también una desesperanza propia de las grandes catástrofes. Aunque esperada ante los antecedentes de las marcas de Bildu y Amaiur, la decisión del Tribunal Constitucional fue una losa demasiado pesada para un Gobierno y un partido que ven en la legalización de Sortu "la gran victoria política de ETA".
Oficialmente, el Ejecutivo escenificó su malestar a través de sus dos ministros autorizados en la materia, el de Interior -Alberto Fernández Díaz- y el de Justicia -Alberto Ruiz Gallardón-. Ambos se comprometieron a acatar la sentencia, pero dejaron constancia pública de su "discrepancia" una vez no entienden cómo el TC puede volver a enmendar la plana al Supremo, que definió meridianamente a Sortu como correa de transmisión de la banda terrorista.
La cascada de reacciones en contra de abrir las puertas de las instituciones a quien no condena el terrorismo y no pide perdón a las víctimas llegó desde todos los escalafones populares. Pero también, en no pocos círculos del PP, corrió el sentimiento de no haber hecho lo suficiente, de "haber permanecido callados cuando teníamos que llamar a las cosas por su nombre". Se agachaba la cabeza porque, para empezar, "la renovación del Constitucional se debería de haber hecho mucho antes" y "a buen seguro ahora no nos estaríamos lamentando". El eurodiputado Carlos Iturgáiz ponía el dedo en la llaga, ante los micrófonos de esRadio: "Los jueces amigos de Zapatero, que son los jueces progresistas que habían dado el visto bueno a Bildu, ahora repiten la jugada y colocan a Sortu".
El segundo punto del resumen de situación es que, aunque indeseado, todos esperaban que el fallo acabara por producirse. "Era una decisión esperada", admitió Borja Semper, presidente del PP de Guipúzcoa, mirando de reojo lo ocurrido con Bildu y Amaiur. Pero, "aquí estamos todos los que hemos aguantado tantos años, con fuerzas renovadas, para desenmascarar el proyecto totalitario y revolucionario socialista que propugnan", recalcó, en declaraciones a este diario.
A su lado tendrán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según un portavoz gubernamental. "Desde hoy, la Policía y la Guardia Civil no cejarán en momento alguno en su empeño de buscar pruebas que lleguen a probar que estas marcas son parte de ETA. Y si esto se confirma, proceder a su ilegalización", se apuntó tanto desde Interior como desde el Grupo Popular.
"Me hubiera gustado que se hubiera mantenido la ilegalidad", admitió el ministro Gallardón, que solo horas antes de conocer la sentencia dejaba en evidencia "la extraña sensibilidad" de Amaiur, recordándoles a sus representantes qué es el Estado de Derecho. Lo hacía en el Congreso de los Diputados, fotografía del brazo político de ETA en la sede de la soberanía nacional.
Partiendo de que "tenían el camino hecho" judicialmente hablando, Antonio Basagoti, que se enfrenta a un panorama electoral muy complicado tras las vacaciones de verano, también rechazó contundente la sentencia: "Para ser legales, ETA debería haberse desarmado y todo ese mundo debería de haber reconocido su culpa", dijo para Libertad Digital. Y es que, lamentan hoy más que nunca en los círculos del PP, las víctimas siguen sin escuchar de los verdugos ese perdón que consideran imprescindible.
Oficialmente, el PP aseguró que ha hecho todo lo que estaba en su mano, tanto en la oposición como actualmente en el Gobierno. "Nuestra postura no ha cambiado, seguimos con una mano en la Ley de Partidos y contra apoyando a las Fuerzas de Seguridad", se insistió. Su responsable de Justicia, el dirigente vasco Iñaki Oyarzábal, aseguró que la vía del TC "no contribuye a que ETA se disuelva, entregue las armas y reconozca el daño causado".
Pero, más allá de las palabras, la sensación era de "horror" ante lo que viene, visto lo que las marcas etarras hacían en el pasado. "Con el dinero de todos y cada uno de los contribuyentes, en las instituciones, debilitando el Estado", recordaba un parlamentario vigilado durante un tiempo por ETA. "Espantoso", "impresentable" o "simplemente asqueroso", fueron otros comentarios escuchados en unos círculos del PP en los que también se escuchó autocrítica y se puso el foco en las elecciones vascas, que se prevén en noviembre, y en las que las siglas afines a la banda podrían llegar a ser la primera fuerza política.
A quien no se escuchó fue al presidente del Gobierno, que este miércoles hacía escala en Río de Janeiro para participar en la cumbre Río+20, centrado en el Consejo Europeo de la próxima semana, en la que se diseñará la hoja de ruta para intentar responder a la crisis de deuda. Según su entorno, y partiendo del más escrupuloso respeto a las decisiones judiciales, el Ejecutivo estaba "estudiando" un auto que "no gustaba", y emplazaba a Justicia e Interior. Teresa Jiménez Becerril, víctima y a la vez política, ponía el broche a la "crónica de una muerte anunciada: Es una humillación para las víctimas y no entiendo que voluntad hay de favorecer al entorno de ETA. Es una normalización a marchas forzadas".l