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Soraya promete una reforma total de la administración

En un discurso dramático, casi a punto de emocionarse, se conjuró para cumplir con la máxima de "una competencia, una administración".

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Una reforma total de la administración. En sus tres niveles, central, autonómico y local. Y lo antes posible. Tras aprobar el ajuste más doloroso que se recuerda en democracia, tras advertir que se tomarán todas las medidas cuanto sean necesarias para controlar el objetivo de déficit público -aunque supongan nuevos esfuerzos-, Soraya Sáenz de Santamaría se comprometió ante los ciudadanos, algunos muy enfadados, a que ellos no serán los únicos que tengan que hacer sacrificios, sino que el Estado también los hará y de forma más contundente.

Ni más ni menos, el Gobierno aseguró que dará ejemplo y que obligará a darlo en un momento de angustia nacional, en el que se sube de forma importante el IVA, se elimina la paga extra de Navidad a los funcionarios o se amenaza con futuros recortes, por ejemplo en el área de los empleados públicos. La vicepresidenta puso la mano en el fuego porque esto será así; porque no solo se picará el cascarón, sino que de verdad y de forma profusa se ejecutará una gran e histórica racionalización administrativa.

La letra de la canción no es nueva. De hecho, en su discurso de investidura, el presidente aseguró que su máxima es la máxima de una competencia, una administración. Pero en el día en el que el Ejecutivo lleva al Boletín Oficial del Estado los nuevos ajustes, el mensaje cobraba especial relevancia. Y Sáenz de Santamaría, que entonó un discurso muy dramático, patriótico y casi al borde de la lágrima, solemnizó que “podemos pedir esfuerzos a los ciudadanos cuando todos los hacemos. Nosotros los haremos”, ahorrando hasta un “céntimo de euro” para que los españoles se sientan satisfechos de sus gobernantes.

La tarea, dicen, no es fácil. Pasados seis meses en el poder, el Gobierno reclama más tiempo y enseña su hoja de servicios. “Todas las administraciones están llevando a cabo una racionalización absoluta de costes”, enunció la vicepresidenta, que primero empezó por sus dominios gubernamentales: reducción de ministerios, altos cargos, asesores; racionalización del sector público empresarial con supresión, fusión y privatización de empresas; cambio de normativa en alquileres de edificios del Estado; eliminación de pagas extra de funcionarios y representantes públicos... Todo, se reafirmó, para cumplir con la austeridad.

La segunda pata del proyecto afecta a la administración local, en la que también tiene mano el Estado. Este mismo viernes, el Consejo de Ministros anunció una reforma que supondrá un ahorro de 3.500 millones eliminando pequeñas localidades en favor de las Diputaciones, poniendo en fin a las mancomunidades -esto supondrá 700 millones anuales-, un 30% menos de concejales y un control de los sueldos, que serán iguales en el conjunto nacional.

Las comunidades autónomas conforman el otro elemento de sujeción. “Y aquí hay que combinar autogobierno con responsabilidad”, arrancó, para a renglón seguido trasladar una idea de exigencia total hacia unas regiones que siguen sin acometer las medidas ya sobre el papel. Preocupa especialmente la eliminación de empresas públicas y organismos, algo que va muy retrasado. Se están poniendo muchas trabas, siendo calamitoso el caso de Andalucía. “Tendrán que redimensionarse y explicar por qué eligen una cosa u otra”, continuó, elevando la presión solo horas después que desde Hacienda se advirtiera que hasta ocho autonomías no están cumpliendo con lo establecido.

El Gobierno dio una imagen de sobriedad, casi de luto; de duelo por las reformas puestas en marcha. “El presidente tiene que actuar con responsabilidad, rigor y realismo”, expuso la vicepresidenta, mientras que a su lado Cristóbal Montoro y Luis de Guindos le escuchaban cabizbajos. Hubo momentos en los que parecía, incluso, que se iba a emocionar: “Hemos adoptado medidas que no son ni sencillas, ni fáciles, ni populares. Estamos pidiendo a muchísimos españoles esfuerzos adicionales, sacrificios importantes, para entre todos sacar adelante al país. A miles de españoles al límite de sus sus posibilidades”, dijo con toda crudeza.

La vicepresidenta no echó la vista atrás para culpar a nadie, salvo para incidir en el brutal desvío de déficit recibido como herencia. Y en que sí o sí hay que solucionarlo. “No tenemos otro remedio, hay que cambiar lo que no funciona y hacer cosas que no se han hecho nunca. Decisiones que afecta a personas con nombres y apellidos”, continuó. Pero, junto a este dibujo tan realista de lo que sufre hoy el país, también quiso trasladar lo que denominó “un mensaje de esperanza”. Porque, dijo, “éste es el camino; o renunciamos a todo lo conseguido por España, o hacemos reformas y cambios”.

En el origen de los ajustes, la Unión Europea. Montoro lo admitió sin medias tintas, al ser abordado por la subida del IVA y el hecho de que en la oposición la rechazase tajante: “Si ahora decidimos subir el IVA es porque nos han obligado a hacerlo, por las circunstancias, por las recomendaciones”, sentenció. Todo está recogido en los informes de actuación que mandó la Unión Europea, y que punto por punto ha ido cumpliendo, aunque al principio se resistiera, el Gobierno. “No hay más remedio. Nuestro proyecto político era bajar impuestos y los estamos subiendo. Ahora, añado, cuando podamos vamos a compensarlo y lo comenzaremos a hacer el año próximo”, finalizó el ministro de Hacienda.

De Guindos recogió el testigo. Si España hace sus deberes, ¿por qué la UE no le ayuda a atajar la crisis de la deuda? La prima de riesgo, admitió el titular de Economía, está en niveles “insostenibles a medio y largo plazo” superando el umbral de los 500 puntos, lo que “está poniendo de manifiesto dudas sobre el entramado institucional del euro”. A su estilo, llamó a solucionarlo: “Hasta que no se tomen decisiones decisivas, esas tensiones van a continuar”, recalcó en un claro aviso a navegantes. Lo seguro es que “España va a cumplir y está absolutamente comprometida”, enfatizó.

Fue una comparecencia dura, tras una semana muy complicada. El entorno de Mariano Rajoy destaca que lo está pasando mal, que “evidentemente le afecta”. Su ideario político ha quedado en papel mogado. “A los votantes del PP que se hayan sentido defraudados decirles que hemos tomado decisiones que no iban en nuestro programa porque sencillamente no había otra posibilidad para sacar al país adelante (…) Es muchísimo dinero el que ajustar de acuerdo a las exigencias europeas. Se trata de salvar al país y (Rajoy) no disfrazó la situación ni la disimuló. Planteó a los españoles la decisión firme e irrevocable de cumplir y presidri el país en uno de los momentos más difíciles”, concluyó su número dos, al término del Consejo de Ministros.

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