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Dignidad y Justicia lleva a la Fiscalía casi 90 indicios para ilegalizar Bildu

El colectivo ha llevado datos como los nombres de los miembros de Batasuna enchufados en los consistorios. 

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La asociación Dignidad y Justicia ha entregado este martes a la Fiscalía General del Estado un informe con un listado de casi 90 indicios de Bildu que, según la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), constituirían indicios suficientes para iniciar un proceso de ilegalización.

Entre los indicios, destaca el hecho de que la coalición ha colocado a una veintena de miembros de Batasuna en los distintos ayuntamientos en los que gobierna para desempeñar labores como altos cargos, asesores o personal de confianza.
 
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca la inclusión en órganos directivos o en listas electorales de estas personas, algunas de ellas condenadas por delitos de terrorismo y precisa que, según datos recabados por el Observatorio contra la Impunidad de la Fundación de Víctimas de Terrorismo, se han detectado 20 casos de nombramientos en ayuntamientos y la Diputación de Guipúzcoa.
 
"No sólo se han instalados en las corporaciones gobernadas por Bildu sino que han logrado penetrar en aquellos municipios donde la organización tiene grupo municipal, como Vitoria", dice el informe.
 
La asociación de víctimas incluye en su escrito 17 nombres: Iñaki Errazkin, Juan Carlos Alducin, Garbiñe Errekondo, Mariam Beitialarrangoitia, Zigor Etxeburua Urbizu, Arantxa Ruiz de Larriñaga, Txelo Pérez Martínez, José Luis Rezabal, Mikel Santaengracia Fernández de Barrena, Itxaso Arrizabalaga, Patxi Ruiz de Samaniego, Iñaki Xabier Ulibarri, Helena Franco, Josetxo Ibaceta, Xabier Zubizarreta, Iñaki Errazkin y José Antonio Barandiarán.
 
Este último, ahora asesor de Bildu en la localidad de Andoain, se encuentra en libertad condicional a la espera de que se le juzgue por presunta colaboración con ETA. Una mayoría de las personas que figuran en el listado han pertenecido en el pasado a formaciones sucesoras de Batasuna como es el caso de Acción Nacionalista Vasca (ANV), la coalición Aurrera Guztiak, Abertzale Sozialistak o el Partido Comunista de las Tierras Vascas.
 
Recopilación de indicios
 
El informe, destinado a "ayudar, complementar y colaborar con el Ministerio Fiscal para aportar algo de luz" en caso de que se decida actuar contra el partido, incluye, además, un detallado listado de conductas de los miembros de Bildu que, "por su manifiesto contraste con el principio democrático y el pluralismo político" podrían conducir a la ilegalización de la formación política.
 
Así, la asociación refleja en su informe 23 actuaciones de distintas personas ligadas a Bildu y que  reflejan una equiparación de las víctimas del terrorismo con víctimas en enfrentamientos policiales o bien suponen un intento de colocar en el mismo plano el sufrimiento infligido a las víctimas de la violencia terrorista y sus asesinos, algo que, siguiendo la doctrina del Constitucional, debería llevar a la ilegalización del partido. 
 
Entre los indicios incluyen, por ejemplo, la decisión del Ayuntamiento de Bildu de San Sebastian de retirar un cuadro del Rey Don Juan Carlos al considerar que no representa a la mayoría de los donostiarras o distintas manifestaciones de apoyo a los presos de la banda terrorista ETA.
 
Además, en este grupo de actuaciones la asociación engloba actos en los que "se ha cuestionado el deber de las fuerzas policiales de perseguir a los responsables de la violencia terrorista", como el llevado a cabo por los concejales de la formación en Bilbao que solicitaron la expulsión de la Guardia Civil al paso de la Vuelta Ciclista a España.
 
Dignidad y Justicia también destaca en su escrito situaciones protagonizadas por miembros del partido "tendentes a otorgar al terrorismo una legitimación" o justificarlo para alcanzar objetivos políticos. En este apartado se incluyen, por ejemplo declaraciones del que fuera diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, en las que declina solicitar la disolución de la banda terrorista y condenar el atentado de Miguel Ángel Blanco.
 
La asociación ha reflejado, en un tercer apartado, acciones de "ensalzamiento los autores de acciones terroristas", incluyendo el reciente incidente en que un secretario del Ayuntamiento de San Sebastián fue grabado mientras gritaba "Gora ETA Militarra".
En este caso Dignidad y Justicia resume la celebración de 29 actos de homenaje a presos de ETA e incluye el mantenimiento de monumentos o la concesión de nombres de calles a los miembros de la organización en localidades gobernadas por Bildu. También aquí incluye la concesión de una subvención del consistorio donostiarra para la grabación de un documental sobre presos de la banda.
 
El informe incluye comportamientos de integrantes de Bildu o Amaiur que, en su opinión, podrían incitar al incumplimiento de leyes democráticamente aprobadas, con la específica finalidad de favorecer las actividades de las organizaciones terroristas. En el apartado se reflejan las reiteradas peticiones del partido y su entorno para la derogación de la conocida como doctrina Parot.

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