Miles de personas han salido a la calle para expresar su rechazo a medidas como la subida del IVA, la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos y el recorte de la prestación por desempleo a partir del sexto mes. En Madrid, los asistentes, convocados por CCOO y UGT, junto con otros colectivos y organizaciones sindicales, han recorrido el centro de la ciudad desde Neptuno hasta Sol.
Bajo el lema 'Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo, somos más', han clamado contra lo que consideran una "agresión sin precedentes". En la manifestación de la capital, una de las ochenta que se celebraron en toda España, se escucharon gritos contra los políticos y el Gobierno y fue constante el aviso de futuras movilizaciones e incluso de una huelga general. Los gritos más coreados en la marcha, en el que se vio hasta un cambión de bomberos y una guillotina para los políticos, pedían la dimisión del Ejecutivo en pleno y exigían que el próximo parado fuera un diputado.
También el PSOE
A la marcha también ha asistido, en nombre del PSOE, el eurodiputado y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, Sergio Gutiérrez,que ha enfatizado el rechazo de los socialistas contra los ajutes y ha recalcado que "todos" claman por un "cambio" de esta "política suicida".
"Hoy es un mal día para España. El decreto -que aprueba estos recortes- va a decapitar el modelo social", ha dicho. "Queremos estar al lado de toda la gente que quiere decir 'no'", ha añadido.
También han acudido las portavoces de la función pública y de empleo en el Congreso de los Diputados, Meritxel Batet y Concha Gutiérrez, respectivamente, además de otros diputados y senadores.
Manifiesto contra Rajoy
En el manifiesto, leído en Sol por los escritores Marta Sanz y Benjamín Prado, se recoge que las medidas "son una agresión sin precedentes, no sólo a los derechos de trabajadores y ciudadanos, sino a los fundamentos de la propia democracia".
El manifiesto señala que se trata de una agresión de consecuencias laborales, sociales, económicas y políticas que ha de tener la respuesta social y sindical adecuada. Además, afirma que los recortes son a costa de los "de siempre", parados, empleados públicos, pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes. Añade que no les afecta a las corporaciones empresariales o a las rentas más altas, "porque no conviene molestar a los amigos".
Asimismo, critica el cinismo "insuperable" de Rajoy y recalca que al Gobierno le hace falta una buena dosis de "humildad y sensibilidad" hacia los sectores más débiles de la sociedad. El manifiesto afirma además que el Ejecutivo ha gobernado a golpe de decreto, "lo que implica un creciente deterioro de las instituciones democráticas".
Termina emplazando al Gobierno a que cambie su política económica y, dicen, antisocial y anuncian que si rechaza la iniciativa será el movimiento social y sindical el que active la respuesta de movilización más adecuada.
Amenaza al Gobierno
Antes de que comenzara la manifestación, los secretarios generales de CCOO y UGT han dado una rueda de prensa donde han asegurado que la manifestación contra los ajustes de este jueves "no es el acto final de nada", sino que proseguirán las movilizaciones en el mes de agosto, al tiempo que se celebrará una "amplia cumbre social" en julio con la participación de todos los actores sociales que quieran exigir una rectificación al Gobierno.
Toxo reiteró que el Gobierno debería convocar un referéndum para que la sociedad elija la adopción o no de medidas de austeridad y aseguró que si no lo hace los sindicatos buscarán la manera de llevar a cabo esta consulta. Más aún, ha dicho que la respuesta del Ejecutivo a esta consulta "determinará los pasos ulteriores". "El Gobierno gobierna en fraude democrático. El Gobierno tiene que someter este nuevo programa a la consulta de la ciudadanía. Si no lo hace buscaremos la manera de promoverlo nosotros", ha afirmado.
Por su parte, Méndez ha defendido la "legitimidad" de la sociedad para pedir una "rectificación en profundidad" de los ajustes, negándosela, de paso, al Gobierno para adoptarlos y consideró que el plan es una "política suicida" para los países del sur de Europa y una "amenaza para el desarrollo de los pueblos del mundo". "Son medidas impuestas por el Gobierno de España contra España", ha dicho.