Justo Mañas Alcón, militante socialista y alto cargo de la consejería de Empleo desde hace doce años -antes ya había sido delegado de Empleo de la Junta en Huelva-, es el primer compareciente de la Comisión de Investigación que ha tenido a bien declarar. De su declaración se deduce que la Junta de Andalucía no ha hecho nunca nada ilegal en el caso de los ERE y que lo que ha habido son irregularidades que han sido responsabilidad de la dirección general de Trabajo.
Igualmente, afirmó que la Junta de Andalucía fue la primera en denunciar las irregularidades a la justicia y que la colaboración con la justicia ha sido total, a pesar de las múltiples quejas de la juez Alaya. Tampoco pudo aclarar por qué las ayudas iban casi siempre a amigos, familiares y militantes del PSOE. Dijo no haberse mirado nunca carné alguno para conceder las ayudas aunque él no desempeñaba el cargo de viceconsejero.
Durante toda su intervención, Mañas Alcón se esforzó en defender que ninguno de los procedimientos utilizados bajo la denominación de "fondo de reptiles" fue ilegal, a pesar del sumario bien extenso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Mañas defendió que lo que había hecho desde su nombramiento en 2010, era mejorar el procedimiento para evitar las irregularidades.
Mañas sacó el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al que dio validez cuando le interesó para defender que no se habían destruido documentos, pero omitió dar validez al resto del informe según el cual se han producido numerosas ilegalidades e irregularidades hasta el punto que fue descalificado por el PSOE de Andalucía cuando se hizo público.
Mañas destacó que todas las irregularidades se reducen a un 3 por ciento de los 5.892 casos analizados y que el presidente Griñán y su equipo de gobierno siempre le dijeron que investigara "caiga quien caiga".
Mañas, que ocupó su cargo entre 2010 y principios de 2012 y que no está imputado de delito, explicó minuciosamente que como viceconsejero no tenía capacidad de disposición de fondos económicos porque su labor se centraba en la "organización, coordinación e impulso" de la acción de la consejería.
Justo Mañas ha recordado que el origen de este caso se remonta a enero de 2009, cuando dos empresarios de hostelería grabaron "supuestamente" un intento de soborno en el denominado caso Mercasevilla, lo que denunció ante la justicia su antecesor en el cargo, Agustín Barberá.
La comisión ha citado también este viernes a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, este último en libertad bajo fianza desde el pasado 10 de agosto tras estar casi cuatro meses encarcelado por orden de la juez instructora del caso, Mercedes Alaya.
Las preguntas de los parlamentarios
La parlamentaria de Izquierda Unida, Alba Doblas, que el jueves se quejaba de la inutilidad de la Comisión, perdió más de la mitad de su turno de preguntas en emitir opiniones propios y extensas sobre los hechos que se dirimen. Posteriormente, preguntó sobre los Informes de Intervención advirtiendo de la irregularidad de los procedimientos. Mañas respondió que la Intervención no hizo nunca un informa de actuación por lo que se dedujo que no eran ilegalidades.
La parlamentaria del PSOE, Antonia Moro, apuntaló la declaración de su correligionario en cuanto a la legalidad del procedimiento, en cuanto a la participación de Griñán en el asunto y en cuanto a la no destrucción de documentos en la Consejería.
La parlamentaria del PP, Teresa Ruiz Sillero, apenas pudo hacer preguntas porque el compareciente aprovechaba cualquiera de ellas para extenderse en discursos latos. Incluso cuando le preguntó si erea militante del PSOE, Mañas apovechó el momento para decir que lo era, desde hacía mucho tiempo, a mucha honra y que espera seguir siéndolo hasta el día de su muerte.
Las 'mañas' de Mañas
Conocedor de que el tiempo que se destina a las preguntas en esta Comisión se limita a 20 minutos por grupo parlamentario, que la comparecencia dura 3 horas de las que más de una le corresponde a la intervención del propio compareciente, Justo Mañas empleó una hora y cuarto en su propia intervención. De la hora y tres cuartos restantes, el compareciente aprovechó en todo momento para dilatar las respuestas de modo que cada vez quedara menos tiempo.
Ante los desesperados intentos de la diputada del PP de que contestara con monosílabos como en las películas americanas de juicios y jurados, el presidente de la Comisión permitió una y otra vez las obesas explicaciones del compareciente, limitando así la posibilidad de preguntar especialmente del Partido Popular.
Quedó evidente la finura y precisión de su memoria selectiva. Por ejemplo, ante una pregunta que supuestamente no conocía sobre una de las denunciantes de los hechos, Mañas se expresó abundante y detalladamente sobre algunas conversaciones que tuvo con ella, pero no pudo precisar si la misma estuvo presente en una famosa reunión de la Consejería de Empleo en la que se denunció la destrucción de documentos.
Igualmente, utilizó su presunto desconocimiento legal para confundir ley y norma y justificó la legalidad de las medidas de la Junta en el caso de los ERE en la Ley de Presupuestos, reconociendo finalmente que no hay norma de funcionamiento en cuanto a norma de las subvenciones.