Desde mediodía de este viernes, se produjeron dos comparecencias del máximo interés para el caso de los ERE y las ayudas a empresas fraudulentas, cuyo importe asciende a más de 1.400 milones de euros. José Antonio Viera, ex consejero de Empleo, diputado y alto cargo del PSOE andaluz, no pudo justificar por qué la decisión de constituir tal fondo mediante el convenio marco de 2001 no tiene expediente administrativo alguno según la propia Junta de Andalucía. Antonio Fernández, por su parte, tampoco pudo justificar la legalidad del "fondo de reptiles" ni su uso sino que se remitió a considerar que la existencia del fondo en el Presupuesto ya legalizaba su existencia y su uso.
Sin embargo, Rafael Carmona, representante del PP, presentó como hecho indudable la respuesta de la Junta de Andalucía a la Comisión en el sentido de que tal convenio y el fondo derivado no tuvieron expediente administrativo, esto es, no dejaron rastro alguno en los diferentes departamentos de la Junta destinados al control y al examen de este tipo de iniciativas. Dicho de otro modo, el fondo y el convenio comenzaron a existir sin mayor control desde 2001 y desde entonces así aparecía en los Presupuestos Generales de Andalucía.
Carmona explicó que sin tal expediente administrativo y sin la publicidad necesaria, ningún empresario andaluz podía acceder a dichas ayudas porque no había siquiera un formulario en el que pudieran formular sus peticiones.
Por su parte, la portavoz de IU, Alba Doblas negó tajantemente que el Parlamento andaluz fuera el responsable, en último lugar, del fondo de reptiles por haberlo aprobado en los presupuestos y negó que fuera un criterio de IU el que se dieran dineros a familiares y amigos del PSOE.
El ex consejero Viera culpa a sus subordinados
Primero, Viera se extendió sobre la estructura de su departamento de Trabajo e Innovación Tecnológica para tratar de convencer a la Comisión de que eran el viceconsejero (entonces, el actual ex consejero y ex preso preventivo Antonio Fernández), la Secretaría General Técnica y los directores generales los que tomaban las decisiones concretas. Hasta tal punto defendió esta tesis, que dijo haberse enterado de un día para otro de la concesión de dos millones de euros a una empresa en la que trabajaba su hija, Sonia Viera, que tenía sólo seis trabajadores en buenas épocas u uno solo en malos tiempos.
Según Viera, los consejeros no hacen decretos ni órdenes y que las decisiones que se toman se apoyan en los gabinetes jurídicos. Es más, Viera llegó a inculpar al Parlamento andaluz de la responsabilidad política en el caso de las ayudas irregulares por haber aprobado año tras año los presupuestos. También llegó a decir que en todo el tiempo en que se aplicó el convenio mientras fue Consejero, nadie le advirtió de la legalidad del procedimiento ni del fondo.
Curiosamente, Viera dudó en contestar al PP si nombró director general de Empleo a Francisco Javier Guerrero, pero luego admitió que lo mantuvo en el cargo porque le informaron favorablemente de él.
Viera niega ser el ideólogo
Viera ha negado hoy ser "el ideólogo" de los ERE falsos y responsabilizó a su subordinado, el director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, de las ayudas que investiga la Justicia.
La concesión y el seguimiento de estas ayudas (millonarias en numerosas ocasiones) no se debatía en el Consejo de Gobierno, según Viera, quien ha asegurado que ni siquiera las comentó con otros consejeros pues "el día a día" lo llevaban viceconsejeros y directores generales.
Viera quiso "dejar meridianamente claro" que los fondos de los ERE y ayudas a empresas "son tan legales como los utilizados en Educación, en Salud o en Servicios Sociales; ni más, ni menos".
Pero el portavoz del PP, Rafael Carmona, persistió una y otra vez en exigir a José Antonio Viera que citara qué norma amparaba ese convenio y regulaba la concesión de las ayudas, ante lo que Viera se limitó a responder que eran las competencias de la Consejería.
Fernández: la maldad está en el "ser humano"
Mientras, para Fernández los presupuestos de la Junta de Andalucía y el Parlamento "validaron", como sinónimo de "legalizaron", cada año las partidas y el procedimiento de las ayudas públicas. Acusado de ser uno de los "autores intelectuales" del sistema que permitió presuntamente desde 2001 una década de ayudas oficiales "sin control ni publicidad", defendió que el convenio marco de 2001 introdujo novedades en la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas.
"Nunca en mis años al frente de la Consejería recibí una reprobación por este procedimiento, ni del Parlamento, ni de los grupos ni de la intervención. No hubo fondos ocultos ni fondos ilegales", ha asegurado.
Fernández defendió, con aplauso de la diputada del PSOE en la Comisión, Antonia Moro, la legalidad del procedimiento llegando a decir que la maldad estaba en quien gestionaba concretamente las ayudas, esto es, "el ser humano", dirigiendo el obús al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero.
La juez imputa a Fernández seis delitos: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento.
Subleva a parte de la Comisión
La portavoz de IU, Alba Doblas, reaccionó airadamente y preguntó al ex consejero si era criterio de IU dar dinero a la suegra del chófer del ex director general Guerrero u dar más de 50 millones de euros a los amigos socialistas de El Pedro y la Sierra Norte.