Se trataba de averiguar la conducta de Juan Ignacio Zoido – hoy presidente del PP andaluz y en 2002 delegado del gobierno en Andalucía – en las cinco ayudas especiales de la Faja Pirítica de Huelva anexas a los ERE.
Pero nada más terminar su declaración, que añadía una prolija y dura exposición de los hechos de Mercasevilla que incluía la demostración de la connivencia de IU y PSOE en el caso, fue acusado de ser parte de la negligencia, cuando menos, del Gobierno Rajoy. Éste remitió una escueta documentación que fue entregada a la Comisión de Investigación apenas una hora antes de su sesión con el propio Zoido.
"Basta ya" llegó a exclamar la diputada Doblas de IU, que le acusó además de filtrar el sumario judicial de los ERE que conduce la juez Alaya. Posteriormente, en un tono agrio y conminatorio, la representante del PSOE, Antonia Moro, dijo textualmente: "¿No le da a usted vergüenza que su gobierno no haya mandado la documentación ninguneando al Parlamento andaluz?".
Las quejas del PP, vía su portavoz Carlos Rojas, no se hicieron esperar por el tono y la forma de las informaciones, recordando que curiosamente se producía el mismo día en que Manuel Chaves y José Antonio Griñán había solicitado posponer su comparecencia que debía tener lugar el próximo viernes.
Zoido aclaró que en los ERE de la Faja Pirítica de Huelva, elaborado durante su mandato como Delegado del Gobierno en Andalucía por la Junta de Andalucía, no hubo ningún intruso ni irregularidad.