L D (EFE) La impugnación fue planteada hace un año por el presidente del Parlamento vasco y los miembros de la Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, así como por los miembros de la Junta de Portavoces Joseba Egibar, Rafa Larreina y Antton Morcillo. Entonces, los tres últimos parlamentarios todavía no habían sido imputados en la causa abierta por desobediencia a la autoridad judicial con su negativa a disolver a Socialistas Abertzales, como había ordenado la Sala del 61 del Tribunal Supremo.
Desobediencia judicial
El auto emitido el 1 de octubre del 2003 por el Tribunal Supremo declaró nulos cinco acuerdos de la Junta de Portavoces del Parlamento de Vitoria, por "contravenir el derecho a la tutela judicial efectiva" y por "hallarse encaminados a impedir la ejecución" de la sentencia de ilegalización de Batasuna y los autos de disolución del grupo de SA.
Los seis parlamentarios consideraron que, al anularse los acuerdos de la Mesa y la Junta de Portavoces, se consideraban "nulos" sus votos y, por tanto, se vulneraba el derecho a participar en asuntos públicos. Además, consideraron que se trata de una "invasión" de competencias del Parlamento vasco, lo que supone "una conculcación" de la separación de poderes.
Ahora será el Tribunal Constitucional el que deberá determinar si se vulneraron los derechos de los parlamentarios amparados por la Constitución.
Atutxa pide que se cierre el caso
Tras conocer la resolución, el presidente del Parlamento vasco consideró un "espaldarazo" y "un avance importante" en el reconocimiento de los derechos que asisten a los miembros de la Mesa y la Junta de Portavoces.
A la vista de dicho "paso importante" por parte del TC, Atutxa emplazó al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a que "reconsidere" y proceda "de una vez por todas" a la suspensión y archivo definitivo de la causa abierta por el TS.