L D (EFE) La jueza Nekane Bolado, instructora de la causa por no disolver en la Cámara de Vitoria a la antigua Batasuna, bajo el nombre de Socialistas Abertzales, decretó el pasado día 11 la apertura de juicio oral por un delito de desobediencia a instancias de la acusación popular, ejercida por el sindicato de funcionarios Manos Limpias. En su escrito presentado este viernes, los tres imputados se refieren al auto por el que el TSJPV ordenaba la reapertura del caso, después de que la jueza instructora decidiera archivarlo.
Para Atutxa, Knorr y Bilbao ese auto contiene "tanto valoraciones sobre los hechos, como apreciaciones jurídicas sobre los mismos que comprometen la imparcialidad de los tres magistrados". La defensa de los tres cita hasta catorce ocasiones en las que los magistrados Ruiz Piñeiro, García Martínez y Saiz Fernández "toman posiciones sobre la causa que resultan sustancialmente idénticas a las que son propias de un juicio de fondo, que vienen hasta en varios casos enfatizadas con la expresión 'rotundamente' y en las que se anticipa el pronunciamiento final de la causa que van a tener que juzgar".
Los escritos de las defensas de los tres parlamentarios solicitan además de la recusación de la Sala la suspensión del proceso hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre los recursos presentados, y admitidos a trámite, al considerar que las actuaciones del Tribunal Supremo pudieron vulnerar derechos fundamentales de los parlamentarios y principios del sistema como la división de poderes.
Hablan de controversia jurídica
Atutxa, Knorr y Bilbao consideran que al haber sido admitidos los recursos de amparo por parte del TC existe una "controversia jurídica" y que una resolución favorable a los intereses de los parlamentarios convertiría "aún en más incongruente el escrito de acusación y el auto" por el que se reabrió la causa. Los tres imputados anunciaron además que van a presentar un nuevo recurso ante el Constitucional contra el auto en el que se dicta apertura del juicio oral.
Los encausados volverán a sostener en este recurso que sus actuaciones están "plenamente amparadas por la inviolabilidad que afecta a los parlamentarios por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones como representantes de la voluntad popular y miembros del poder legislativo", según han anunciado por medio de un comunicado. Por último, Atutxa, Knorr y Bilbao insisten en que lo sucedido en el Parlamento Vasco en relación con Sozialista Abertzaleak no puede catalogarse como un delito de desobediencia y alegan como pruebas ante la Sala tanto las propuestas por la acusación como por el Ministerio Fiscal, que no les acusa.