L D (EFE) El auto del Supremo ya ha sido notificado. La Sala Especial del Tribunal advierte que la decisión de ilegalizar este partido "debe ser cumplida por todas las personas e instituciones". En once folios explica que la sentencia de ilegalización de Batasuna debe extenderse "a la disolución de los Grupos parlamentarios constituidos por Batasuna, cuya ilegalidad ha sido declarada, en los Parlamentos Vasco y Navarro y también los grupos que tal partido posea dentro de las Juntas Generales de los Territorios Históricos y corporaciones locales".
Para ello, cursa una comunicación a los presidentes de los Gobierno vascos y navarro, para que además a través de la consejería correspondiente lo envíen a los presidentes de sus respectivos parlamentos, a los de las entidades locales y, en el caso vasco, a los de las Junta Generales.
De momento, el Supremo se refiere a la disolución de Batasuna, ya que explica que no ha concluido el plazo previsto en la ley de 20 días para iniciar la ejecución respecto a HB y EH, a los que se le notificó la sentencia el pasado 15 de abril a través del Boletín Oficial del País Vasco. La Sala Especial acuerda el embargo de sus bienes y derechos e iniciar las averiguaciones sobre su patrimonio, para lo que pide además al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que les facilite la relación de bienes y derechos intervenidos o embargados a esta formación política "en cualesquiera procedimientos seguidos en este Juzgado".
Se dirige también al Ministerio del Interior para que cancele las inscripciones en el Registro de Partidos Políticos de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. El Supremo recuerda que "el funcionamiento ordinario o extraordinario de los partidos políticos ilegalizados y disueltos ha de cesar radicalmente por efecto de la sentencia dictada", lo que alcanza también a la actividad desplegada por Batasuna a través de su web y dirige para ello un oficio al Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el proceso de liquidación, decreta el embargo de los saldos existentes en las cuentas con titularidad única o compartida a nombre de Batasuna, así como de cuantas subvenciones estatales, autonómicas o locales correspondan al citado partido.
La Sala Especial pide a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que le remita un listado de seis funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, entre los cuales, se designará a los tres liquidadores. El auto ha sido notificado a Batasuna "para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución", aunque recuerda que "no cabe recurso alguno".
Atutxa sigue haciendo de parapeto
En Vitoria, el presidente Atutxa explicó que el Parlamento Vasco sólo ha recibido el fallo de la ilegalización de Batasuna, y no el auto de este viernes, y por ello, aseguró que "nosotros no tomamos decisiones preventivas, sino que esperamos a que haya una comunicación oficial y, en su momento, actuaremos". Consideró que el ruego de adelanto del debate realizado este viernes por el PP se ha presentado "sin un sólo argumento" y con "nada de respeto a la separación de poderes, a la capacidad auto organizativa de este Parlamento, sino todo ruido y pretensión de saltarse a la torera la legalidad vigente de nuestro Reglamento, en aras a obtener una renta electoral".
Por su parte, el presidente del Grupo Popular en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, consideró que la Mesa de dicha Cámara está "dando muestras preocupantes de rebeldía y desacato" al Tribunal Supremo". Para Mayor, "el presidente Atutxa ya está introduciendo un criterio preocupante cuando dice que el Parlamento es plenamente soberano para determinar sobre sus propios grupos; es como un aviso de que no van a escuchar al Supremo".
Para ello, cursa una comunicación a los presidentes de los Gobierno vascos y navarro, para que además a través de la consejería correspondiente lo envíen a los presidentes de sus respectivos parlamentos, a los de las entidades locales y, en el caso vasco, a los de las Junta Generales.
De momento, el Supremo se refiere a la disolución de Batasuna, ya que explica que no ha concluido el plazo previsto en la ley de 20 días para iniciar la ejecución respecto a HB y EH, a los que se le notificó la sentencia el pasado 15 de abril a través del Boletín Oficial del País Vasco. La Sala Especial acuerda el embargo de sus bienes y derechos e iniciar las averiguaciones sobre su patrimonio, para lo que pide además al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que les facilite la relación de bienes y derechos intervenidos o embargados a esta formación política "en cualesquiera procedimientos seguidos en este Juzgado".
Se dirige también al Ministerio del Interior para que cancele las inscripciones en el Registro de Partidos Políticos de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. El Supremo recuerda que "el funcionamiento ordinario o extraordinario de los partidos políticos ilegalizados y disueltos ha de cesar radicalmente por efecto de la sentencia dictada", lo que alcanza también a la actividad desplegada por Batasuna a través de su web y dirige para ello un oficio al Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el proceso de liquidación, decreta el embargo de los saldos existentes en las cuentas con titularidad única o compartida a nombre de Batasuna, así como de cuantas subvenciones estatales, autonómicas o locales correspondan al citado partido.
La Sala Especial pide a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que le remita un listado de seis funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, entre los cuales, se designará a los tres liquidadores. El auto ha sido notificado a Batasuna "para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución", aunque recuerda que "no cabe recurso alguno".
Atutxa sigue haciendo de parapeto
En Vitoria, el presidente Atutxa explicó que el Parlamento Vasco sólo ha recibido el fallo de la ilegalización de Batasuna, y no el auto de este viernes, y por ello, aseguró que "nosotros no tomamos decisiones preventivas, sino que esperamos a que haya una comunicación oficial y, en su momento, actuaremos". Consideró que el ruego de adelanto del debate realizado este viernes por el PP se ha presentado "sin un sólo argumento" y con "nada de respeto a la separación de poderes, a la capacidad auto organizativa de este Parlamento, sino todo ruido y pretensión de saltarse a la torera la legalidad vigente de nuestro Reglamento, en aras a obtener una renta electoral".
Por su parte, el presidente del Grupo Popular en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, consideró que la Mesa de dicha Cámara está "dando muestras preocupantes de rebeldía y desacato" al Tribunal Supremo". Para Mayor, "el presidente Atutxa ya está introduciendo un criterio preocupante cuando dice que el Parlamento es plenamente soberano para determinar sobre sus propios grupos; es como un aviso de que no van a escuchar al Supremo".