La ministra de Defensa, Carmen Chacón, anunció el pasado mes de enero, coincidiendo con la celebración de la Pascua Militar, que la Ley de Derechos y Deberes de los militares sería la ley estrella de su gestión en 2010. Pocos días después del anuncio, los técnicos de su departamento se pusieron a trabajar en el asunto, reuniéndose con partidos políticos y asociaciones de militares, a los que presentaron una borrador del que ya informó en su integridad Libertad Digital.
Este viernes, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley elaborado por el ministerio y lo remitió al Congreso de los Diputados, donde deberá aprobarse con el "mayor consenso" posible entre todos los grupos parlamentarios, según dijo ya en enero la ministra y volvió a insistir en su comparecencia junto a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en La Moncloa. La razón: salir airosa y evitar ser la única responsable de una nueva catástrofe como la que se provocó en el estamento militar con la Ley de Carrera Militar de 2007.
Todo apunta a que Chacón intentará aprobar esta ley en la Cámara Baja antes de que acabe el actual periodo de sesiones, que se prolongará este año hasta el mes de julio, debido a la polémica generada en el primer trimestre del año por las excesivas vacaciones de sus señorías. El motivo es que el acuerdo parlamentario sería mucho más difícil tras las vacaciones de verano, debido a la celebración de elecciones en Cataluña y al inicio de las larguísimas precampañas que acompañan a las elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán en mayo-junio de 2011.
El anteproyecto aprobado este viernes no varía del borrador con el que Defensa trabajó desde un principio. Así, las regulaciones de las asociaciones de los militares y la creación del Consejo de Personal y del Observatorio de la vida militar son los puntos más importantes del texto.
Reconocidas por el Tribunal Constitucional por la sentencia 219/2001, de 31 de octubre, las asociaciones profesionales de militares deberán "respetar el principio de neutralidad política y sindical", no "tener vinculación con organizaciones políticas o sindicales, ni realizar conjuntamente con ellas pronunciamientos públicos ni participar en sus reuniones o manifestaciones" y se financiarán "a través de las cuotas de sus afiliados u otros recursos económicos que prevean sus estatutos", pero nunca "a través de donaciones privadas", según el documento redactado por Defensa.
Éstas quedarán "válidamente constituidas" cuando se inscriban en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, que será creado a tal efecto por el departamento de Chacón. Una inscripción que se hará efectiva, como mucho, tres meses después de la solicitud de la asociación.
En las unidades, se habilitarán "lugares y procedimientos adecuados" para la exposición y difusión de los anuncios o comunicaciones de las asociaciones, que Defensa difundirá asimismo a través de "vías generales de comunicación telemática", y que podría ser, perfectamente, a través de la intranet del ministerio. Asimismo, se facilitarán locales para su uso por parte de las asociaciones, y previa solicitud, en las sedes de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa.
Además, el anteproyecto especifica que los miembros de las Fuerzas Armadas sólo podrán afiliarse a una asociación profesional al mismo tiempo.
Consejo de Personal
Las asociaciones profesionales militares se relacionarán con el ministerio de Defensa a través del Consejo de Personal, que será el encargado de "analizar y valorar las propuestas o sugerencias referidas a materias relacionadas con la condición militar, el ejercicio de los derechos y libertades y el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo en las unidades", y que recibirá "las propuestas o sugerencias planteadas por las asociaciones".
El anteproyecto especifica que "quedan excluidas del ámbito de actuación del Consejo las materias relacionadas con decisiones de política de seguridad y defensa, con el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares y con el empleo de la fuerza".
Este nuevo órgano estará presidido por el Subsecretario de Defensa, salvo que el propio ministro acuda a la reunión, y formarán parte de él tanto representantes del ministerio, como representantes del Ejército nombrados por Defensa, así como por los representantes de las asociaciones militares que tengan un mínimo de afiliados del 1 por ciento del total de los miembros de las Fuerzas Armadas, del 3 por ciento de los miembros de su categoría si asociación es exclusivamente de oficiales o de suboficiales y del 1,5 por ciento en el caso de las asociaciones de tropa y marinería. Las asociaciones deberán, al finalizar cada año, dar cuenta al ministerio de los asociados con los que cuentan y su escalafón en las Fuerzas Armadas.
El texto remitido por el Gobierno al Congreso dice que "cualquier militar que participe o haya participado en el Consejo será protegido ante discriminaciones en su promoción profesional" y que éste podrá acudir a las reuniones acompañado por otros dos miembros de su asociación.
El Consejo se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez cada tres meses, y se celebrarán sesiones extraordinarias "cuando sean convocadas por el Subsecretario de Defensa o por la mayoría de los representantes de las asociaciones que formen" del órgano.
Observatorio de la vida militar
El tercer punto clave del anteproyecto de Derechos y Deberes de los militares será la creación del Observatorio de la vida militar, que "se configura como un órgano colegiado, asesor y consultivo, cuyas funciones son analizar aquellas cuestiones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas" y "fomentar aquellas actuaciones que coadyuven a la mejor regulación de la condición militar".
El mismo estará compuesto por siete "personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa o en el de recursos humanos" elegidas por el Congreso de los Diputados, que serán nombrados por un periodo de cinco años y no tendrán remuneración alguna por pertenecer al mismo.
Sus siete miembros elegirán entre ellos mismo al presidente del órgano, y se reunirán, como mínimo, dos veces al año en sesión ordinaria y "tantas veces como sea convocado por su Presidencia o por una mayoría de sus miembros en sesión extraordinaria". Los encuentros se desarrollarán en una sede facilitada por el ministerio de Defensa, que también pondrá al servicio del Observatorio a "un órgano de trabajo permanente adscrito a la Subsecretaría de Defensa".
El Observatorio elaborará "anualmente" una memoria que recogerá "su actividad a lo largo del ejercicio correspondiente, el estado de la condición militar en lo relativo a los asuntos de su competencia y las recomendaciones pertinentes para su mejora", que será presentada ante las comisiones de Defensa de Congreso y Senado. Además, "cuando lo considere oportuno, por su urgencia o importancia, podrá efectuar recomendaciones sobre algún asunto concreto en cualquier momento".