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Chaves ordena perseguir al juez que absolvió a El Mundo y desarmó su ofensiva

Manuel Chaves, junto con el actual consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, ha ordenado al letrado del PSOE que cargue contra el juez que desbarató su ofensiva contra El Mundo en Andalucía.

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Tras la sentencia del juez Guerrero, que declaró probados los hechos denunciados por El Mundo sobre espionaje a ex presidentes de las Cajas andaluzas que se opusieron a Manuel Chaves, éste, junto con el actual consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, han ordenado al letrado del PSOE, Alfonso Martínez del Hoyo, que cargue contra el juez que desbarató su ofensiva contra El Mundo en Andalucía.

Según este periódico, el letrado, en la sesión de apelación, "intentó el lunes promover un proceso inquisitorial contra el juez que declaró probados los seguimientos al ex presidente de la caja de ahorros San Fernando, Juan Manuel López Benjumea, convirtiendo la vista por los recursos contra su sentencia en una cruzada contra el magistrado que la firmó, Francisco Guerrero."

Recuérdese que el director de El Mundo de Andalucía, Francisco Rosell, y el redactor jefe Javier Caraballo fueron absueltos de todos los cargos en el proceso del presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves.

Los dos periodistas estaban acusados de un presunto delito de injurias, junto al detective Joaquín Corpas y al ex presidente de Caja San Fernando Juan Manuel López Benjumea, por la publicación en el diario El Mundo de una noticia sobre el espionaje a los presidentes de las cajas de ahorros sevillanas supuestamente ordenado por Manuel Chaves, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro; el ex presidente de la Diputación de Sevilla Miguel Ángel Pino y el jefe de escoltas de Chaves, Juan Escámez. Lea la sentencia completa aquí.

Por aquella sentencia del Juzgado de lo Penal 3 se absolvió a los dos periodistas de El Mundo procesados porque "no es exigible en la noticia una absoluta certeza o acomodación a la verdad, sino sólo una actuación diligente", que estos informadores cumplieron, y porque se trataba de "hechos de relevancia pública y sin ningún juicio de valor". El fallo consideró además que la información publicada por El Mundo era "de interés para la comunidad", a la vez que "se confirma la veracidad de la misma".

Tras la sentencia, Manuel Chaves y compañía se emperraron en su batalla contra El Mundo y es por ello que la Audiencia Provincial de Sevilla tiene que resolver los recursos presentados por Chaves y los otros dos denunciantes —el secretario de Organización del PSOE—A, Luis Pizarro, y Miguel Ángel Pino— contra la sentencia del juez Guerrero que declaró probado que el entonces presidente de San Fernando fue, efectivamente, objeto de seguimientos.

Pues ayer el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, cuenta El Mundo, "arremetió con furia contra el juez Guerrero por declarar probado en su momento que la información publicada por este periódico era veraz y contrastada y por absolver, con estos argumentos, al director de El Mundo de Andalucía, Francisco Rosell, al redactor jefe Javier Caraballo, y al ex presidente de San Fernando y al investigador que éste contrató al sentirse espiado, Joaquín Corpas.

Del Hoyo intentó desacreditar al magistrado llamándole "iluminado" y además le acusó de contribuir con su resolución a la “desconfianza” de los ciudadanos en la Justicia. No sólo eso, sino que, a juicio del letrado, la sentencia de Guerrero desató un “escándalo” y causó “estupefacción” en la sociedad.

Del Hoyo se empecinó en defender que la información –veraz y contrastada según la Justicia– acerca del espionaje al ex presidente de San Fernando no fue más que un “burdo montaje”, una “confabulación” promovida, añadió, por López Benjumea con la intención de influir en el proceso de renovación de los órganos de poder de la entidad financiera que entonces presidía.

El abogado de Chaves ignoró las pruebas que sustentan la absolución y volvió a reclamar una condena para los periodistas de El Mundo y el resto de los encausados, a los que exigió durante el juicio celebrado en noviembre de 2007 más de 350.000 euros en multas e indemnizaciones cercanas al medio millón de euros.

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