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Chaves veta que el PP pregunte por el caso Baena en el Parlamento andaluz

Chaves está impidiendo que el caso Baena entre en la cámara andaluza. El PP denunció las “trabas” y los vetos del PSOE para evitar que se esclarezcan los casos de “corrupción” que hay en Andalucía, y se refirió al "derecho de pernada" que los socialistas tienen en Andalucía.

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L D (Pedro de Tena) La mesa del Parlamento andaluz, en manos del PSOE por razón de su mayoría, y por la presidencia de la socialista Fuensanta Coves, ex consejera y amiga de Manuel Chaves, impide que el caso Baena entre en el Parlamento andaluz. El Partido Popular denunció las “trabas” y el "veto" impuesto por la mayoría socialista para que no se hablara sobre este asunto en la Cámara andaluza. 

El secretario general del PP, Antonio Sanz, que denunció la doble vara de medir que existe para las administraciones que pertenecen al PSOE y para las que pertenecen al PP ,- “a algunos se les cita con abogados y a otros se les cita con cámaras de televisión y grilletes”, dijo -, anunció que presentaría una pregunta sobre el caso Baena para su debate en el pleno que se celebra el jueves.

En efecto, la portavoz parlamentaria del PP en el Parlamento, Esperanza Oña, dijo que su grupo presentó a la Mesa de la Cámara una pregunta para conocer la valoración de la Junta sobre “estos hechos en el Ayuntamiento de Baena” y si iba a tomar alguna “medida”. Sin embargo, la Mesa de la Cámara la rechazó, según Oña, por defectos en la redacción. “La cambiamos y preguntamos si iba a tomar alguna medida en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, pero nos dijeron que ya no se podía hacer”, añadió la portavoz del PP.

Cuenta El Mundo que Esperanza Oña cree que "es escándaloso" que el PSOE “eche para atrás esta iniciativa” e “impida que se haga esta pregunta”. “¿Qué van a hacer, nos van a poner una mordaza para que no preguntemos por los casos de corrupción?”, se preguntó la dirigente popular. El PP denunció que el veto a esta pregunta no es más que otra “traba” del PSOE para evitar que se esclarezcan los casos de “corrupción” que hay en Andalucía y se refirió al "derecho de pernada" que los socialistas tienen en Andalucía.

“No nos cabe ninguna duda que si Baena fuese del Partido Popular, hubiera abierto muchos informativos de televisión, incluidos los de Canal Sur, algo que en este caso no ha ocurrido”, dijo días atrás Antonio Sanz, que calificó este asunto de “enorme gravedad” y aseguró que hechos como éste “ponen en entredicho la ética del gobierno socialista”.

Sanz afirmó que su partido pedirá la creación de una comisión de investigación para que se esclarezca el caso de Decoestudio y Fitur, así como el de Ohanes y el de Baena, y aseguró que “el PSOE tiene una gran mancha de escándalo y corrupción que debe aceptar en el Parlamento, por lo que está obligado a aceptar esta comisión para que se aclaren estos casos”. Además, pidió a la Junta de Andalucía que no mire para otro lado y que exija la dimisión inmediata del alcalde de Baena, el socialista Luis Moreno, así como que explique el supuesto caso de corrupción y cobro de facturas falsas y la responsabilidad que pudiera alcanzar éste.

Sanz afirmó que en otras ocasiones el PSOE ha sido el primero en pedir responsabilidades a otros partidos políticos, aunque “hasta ahora ni hemos conocido detenciones por parte de la Administración de Justicia ni de los cuerpos de administración del Estado, ni actuaciones directas por parte de la Fiscalía, así como tampoco hemos visto reaccionar al PSOE pidiendo la dimisión de este alcalde”.

El popular consideró que “es inaceptable y bochornoso que desde el año 96 se hayan solicitado 71 comisiones de investigación y que no se haya aceptado ninguna, lo que supone una fotografía del déficit democrático del Gobierno andaluz”.

Ya van seis imputados


Las diligencias judiciales abiertas para investigar la presunta red de facturas falsas emitidas desde el Ayuntamiento de Baena incorporan nuevos nombres a su lista de imputados. Hasta la fecha, sólo se conocían los de Rafael Santano, secretario personal del alcalde de la citada localidad, Luis Moreno; otro funcionario del Consistorio, Juan Díaz; y el propio industrial que destapó la trama tras confesar ante la Guardia Civil (si bien después se retractó) que firmaba los citados recibos.

 Ahora, son tres más los inculpados en el proceso. Según informaron a ABC fuentes del TSJA, se trata de otros dos empresarios y un vecino de la localidad, presidente de una sociedad de cazadores.

Alteración de la propiedad de una finca

Según EFE, una de las escuchas que lo corroboran apunta a que un imputados en el caso de los recibos quiso alterar la propiedad de una finca. Según consta en la transcripción de una de las conversaciones ordenadas por el juzgado, uno de los inculpados, que trabajaba en la Oficina Municipal del Catastro, parece que ofrece a un vecino la posibilidad de obtener la titularidad de una finca junto a la suya y que no tenía dueño conocido.

El vecino se puso en contacto con el imputado y entablaron una conversación en la que el funcionario municipal le informa de que una fanega de tierra colindante con su propiedad se encontraba en «un sitio magnífico” y que “va a ser urbana”. El imputado le pregunta al vecino: “¿Tú quieres que hagamos un contrato privado para que te pongamos como titular de la finca, para que...podamos escriturar?”.

El encausado le explica que se trata de que “se ponga con un contrato privado, un documento en un folio con escrito (...) de que tú se la has comprado a esta persona”, que está muerta y “no se le puede preguntar nada”, un documento que “se presenta ante el catastro y, una vez que eso, pues a correr”, de forma que “una vez que tú lo tengas en el catastro ya podemos escriturar”. El interlocutor le pregunta entonces cuándo se supone que compró la parcela, a lo que el imputado responde que “hace cinco años si tú quieres, o hace seis” y “tú pones que se lo has comprado por 20.000 pesetas”.

El imputado explica que debe enterarse de alguien que haya fallecido soltero y sin herederos a quien atribuirle la propiedad y la supuesta venta posterior y, “como a ese tío no se le puede preguntar(...) como no vayan a preguntarle a San Pedro”. Pero el lío de diligencias judiciales abiertas con implicados del Ayuntamiento de Baena no acaba ahí.

Casos relacionados

En cuanto al proceso de 2007 a raíz de las denuncias presentadas por la concejala de IU en Baena, María Jesús Muñoz, y su marido, el ex alcalde y promotor Carlos Arenas, por la comisión de presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, “hay, hasta el momento, cinco personas imputadas”, cuatro de ellas cargos y ex munícipes del PSOE. Entre los incriminados se encuentran el edil socialista José Calvo y los ex concejales del mismo partido Cristóbal Tarifa y Vicente Mejías. El proceso está a la espera de varias pruebas testificales.

Ambos casos están enlazados, puesto que en las escuchas que el juzgado ordenó para comprobar la veracidad de las acusaciones contra los funcionarios que presuntamente manejaban el cotarro de las facturas falsas, hay conferencias que guardan relación con las construcciones ilegales, según fuentes con acceso al sumario.

Hay una tercera causa que se desprende del proceso de los supuestos recibos fraudulentos y en la que están también implicados los cinco imputados por presuntas irregularidades urbanísticas.

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