Según informa La Razón, cuando Cristina Almeida cumplió el pasado julio los 65 años se llevó una sorpresa al comenzar a gestionar el cobro de su pensión de jubilación. En este sentido, la Seguridad Social comunicó a la veterana política, comunista primero y socialista después, que las Cortes Generales no habían cotizado por ella, sino sólo por la cobertura sanitaria, durante sus 12 años como parlamentaria.
De este modo, la Seguridad Social acredita que no reúne “el periodo mínimo de cotización de 4.931 días, ni de dos años dentro de los quince inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho a pensión” que pide. Por ello, no puede cobrar la pensión máxima que disfrutan los diputados.
José Bono ha pedido a los letrados y a la dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Cámara Baja que examinen el caso para que Almeida reciba la pensión máxima de jubilación. Según la versión de la política extremeña, las Cortes le dieron de alta el 1 de febrero de 1989 y la baja en marzo de ese mismo año sin que ella lo pidiese.
Sin embargo, los servicios jurídicos de las Cortes justifican la negación de la pensión alegando que Almeida no acreditó nunca su condición de “no ejerciente en la abogacía” mientras estaba en la actividad pública. Esto no ha gustado a la ex diputada que ha amenazado con un pleito a las Cortes.