LD (Ángela Martialay) El ex-consejero de Justicia de la Generalitat valenciana, Fernando de Rosa, es desde hace dos meses el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Afirma sentirse orgulloso de su cargo e ilusionado con su cometido, aunque es consciente que el estado de la Administración de Justicia española no es todo lo buena que debiese en estos momentos. De esta cuestión y muchas otras ha hablado con Libertad Digital.
Usted ha declarado que la “Justicia no ocupa el lugar que debe tener en la sociedad española”. ¿A qué se debe esto?
Creo que la Justicia no ha sido entendida como un tema prioritario en España. Su imagen ante la opinión pública no es todo lo buena que debiera ser y en parte porque no nos hemos preocupado de hacerla cercana al ciudadano. La Justicia ha de ser entendida como un elemento importante y dinamizador de la democracia.
¿Cuál cree usted que es el estado de salud de la Administración de Justicia en España?
En el estado de salud de la Justicia española hay que distinguir claramente entre lo que es la labor de los jueces y la gestión del propio sistema en cuestión. Respecto a la actuación de los jueces y magistrados, España está al mismo nivel que muchos otros países europeos. En nuestro país lo que está mal es la Administración de Justicia, la gestión del sistema. El problema es de medios y reformas procesales.
Sin embargo, esa situación precaria de la Administración no es nueva. ¿Por qué se han tomado tan pocas medidas para subsanar ese déficit hasta ahora?
Porque creo desde los distintos ámbitos no se ha considerado la Justicia como un elemento fundamental e importante que necesita una reforma. La idea es que exista un Pacto de Estado que atienda a la necesidad de invertir en la Justicia. Es fundamental para poder mejorar esa gestión de la Administración.
¿Cuáles son las prioridades de este Consejo en este sentido?
Una de las prioridades es el ambicioso Plan de Modernización que se acaba de aprobar con mucho esfuerzo (llevamos sólo dos meses en nuestras funciones) para instar al Ministerio de Justicia a que presente de forma inmediata una ley de reorganización de la Justicia que impusiera como obligatoria la utilización de las nuevas tecnologías. Hemos trabajado con mucha ilusión y la mayor rapidez posible para que este proyecto viera la luz pronto.
Entonces ¿cuáles son las medidas que tanto Gobierno central como autonómicos deben adoptar para modernizar el sistema?
El Consejo no tiene capacidad legislativa, la tiene el Ejecutivo. Es necesario que tanto el Consejo, como el Gobierno y las Comunidades Autónomas rememos en la misma dirección para que el barco llegue a buen puerto. Nosotros no vamos a rehuir de la obligación de liderar esta reforma de la Justicia.
Tanto en el Plan de Modernización que presentaron ustedes este miércoles como en el estudio sobre la carga de trabajo de la jurisdicción mercantil se habla de medidas a corto plazo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Hemos querido ser ambiciosos y la idea es que en mayo de 2009 estén en marcha un primer grupo de medidas; en 2010 y 2011 se pongan en marcha otro de conjunto de iniciativas, para que al final de este mandato todas ellas sean una realidad.
El CGPJ carece de iniciativa legislativa como usted mismo ha señalado por lo que tanto para el desarrollo legislativo como para financiación de estos proyectos el Consejo necesita el apoyo del Gobierno, las Comunidades Autónomas y el Parlamento. ¿Tienen previsto reunirse con estos organismos para tratar estas medidas?
Nosotros queremos y nos hemos comprometido a liderar la reforma de la Administración y queremos contar con el apoyo de todos estos actores. Ir en la misma dirección. Ya hemos solicitado al Ministerio tener una reunión con ellos, aunque aún no hemos obtenido respuesta firme. Esperamos que el Ministerio colabore. Asimismo, en las comunidades autónomas estamos viendo una actitud muy favorable de momento para llevar a cabo esta reforma.
Con las medidas aprobadas sobre la jurisdicción mercantil se deja entrever que de la crisis no se salva nadie. Ni la Justicia...
La Justicia no puede ser es un problema para las empresas debido a la lentitud de los procedimientos. El hecho de que los juzgados de lo mercantil tengan una gran carga de trabajo no puede provocar que las empresas tenga más dificultades para la afrontar la crisis. Si una empresa tiene que entrar en un concurso de acreedores no puede esperar para una sentencia ni uno ni dos años.
Uno de los puntos tratados en el Plan de Modernización es la “desconcentración del CGPJ a favor de las Salas de Gobierno”. ¿Se traduciría esto en una mayor descentralización del poder judicial?
El término concreto es “desconcentración”. Particularmente, no soy partidario de la creación de consejos autonómicos ni de que en España haya 17 justicias distintas, pero sí de acercar la Justicia a los ciudadanos a través de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Es necesario que el CGPJ esté presente en cada una de las autonomías para que se sepa que ocurre en cada juzgado”, pero España no puede tener 17 justicias distintas.
Usted ha ocupado el cargo de Consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana antes de ser el vicepresidente del Consejo. ¿Dónde se siente más a gusto usted en su papel de juez o de político?(Risas..) Creo que cada momento en la vida hay que tomarlo con ilusión. He afrontado con esa ilusión y optimismo todos los puestos que he ocupado hasta ahora, siendo juez o político. Ahora ocupo este cargo con esas mismas ganas y orgullo.
A este nuevo órgano de CGPJ se le ha criticado su politización antes de comenzar su andadura. ¿Es el poder judicial independiente en España?
Absolutamente independiente. Los jueces que componen el poder judicial actúan de forma independiente cuando dictan sus sentencias, con arreglo a la ley. A este Consejo se le ha criticado que sus miembros hayamos sido nombrados por los partidos políticos pero eso no tiene que ser motivo para que los vocales del CGPJ no actuemos de forma independiente. En España se debe hacer política judicial que no es lo mismo a que la Justicia esté politizada. Si se hubiese desarrollado dicha política con anterioridad se hubieran evitado probablemente algunos problemas que padece hoy día la Administración.
¿Cuál cree que fue el desencadenante del histórico paro judicial que tuvo lugar el pasado 21 de octubre?
Creo que el desencadenante fue ese estado de sobrecarga de trabajo o colapso de algunos juzgados. El paro reflejó un malestar que puede existir en la Carrera.
Diversas asociaciones judiciales, jueces decanos, secretarios y demás funcionarios de la Administración denuncian el estado de colapso de los juzgados. Bermejo niega dicha situación, mientras hay quien se ha atrevido a decir casos tan desafortunados como el ocurrido en el Penal de Sevilla (juzgado del caso “Mari Luz”) “pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar”. ¿Qué opina usted al respecto?
Espero que esto no sea así porque lo cierto es que en España se dictan millones de sentencias cada año y la proporción de los errores cometidos es mucho menor. De todas formas desde el Consejo nos hemos comprometido a trabajar para mejorar la situación de la Administración. A los magistrados le pedimos que intenten por todos los medios evitar que se repitan esas circunstancias.
¿Se han sentido ustedes presionados por el poder político con las declaraciones realizadas por el ministro Bermejo y la vicepresidenta De La Vega pidiéndoles que se revisase la sanción interpuesta por el Consejo al juez Tirado?
Yo, particularmente, como vocal de este Consejo y vicepresidente no me he sentido presionado. El Consejo es libre a la hora de tomar sus decisiones que, pueden ser criticadas, aunque no alteradas. Yo creo en la libertad de expresión y por tanto, pueden manifestar lo que estimen oportuno.
¿Son ustedes conscientes de que la revisión del a sanción al juez Tirado es una “patata caliente” para este nuevo CGPJ?
En el Consejo resolvemos cuestiones de este tipo a diario. Ayer mismo (por el miércoles) acordamos sancionar a una jueza de Gijón por retrasos injustificados en el cumplimientos de sus funciones. Para nosotros todos estos casos son importantes porque tras ellos están los ciudadanos. Los resolvemos atendiendo a las circunstancias de cada uno y con responsabilidad.
Pero reconocerá usted que no todos las sanciones tienen la misma repercusión social que la impuesta al juez del caso “Mari Luz”...
Es cierto que este caso ha tenido una gran repercusión social y sensibilizado a la opinión pública pero no por ello el Consejo se debe ver afectado a la hora de tomar sus decisiones.
Un propósito para este mandato como actual vicepresidente y vocal del órgano de gobierno de los jueces...
Acabar con esas imágenes tomadas en los juzgados que muestran montañas de expedientes pendientes. Mi deseo es que las plantas judiciales este informatizadas antes de que expire mi mandato. Los juzgados deben contar con las herramientas de trabajo adecuadas.