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Del Burgo aboga por recurrir ante Constitucional las leyes mordaza

El portavoz adjunto del Grupo Popular y representante de UPN en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Jaime Ignacio del Burgo, ha expresado a Libertad Digital su opinión sobre la Ley del CAC y el proyecto de ley mordaza que prepara el ministro Montilla. Del Burgo ha anunciado que ya ha manifestado al portavoz del Grupo, Eduardo Zaplana, su disposición a suscribir un recurso de inconstitucionalidad, para lo que son necesarios 50 diputados y 50 senadores.

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El portavoz adjunto del Grupo Popular y representante de UPN en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Jaime Ignacio del Burgo, ha expresado a Libertad Digital su opinión sobre la Ley del CAC y el proyecto de ley mordaza que prepara el ministro Montilla. Del Burgo ha anunciado que ya ha manifestado al portavoz del Grupo, Eduardo Zaplana, su disposición a suscribir un recurso de inconstitucionalidad, para lo que son necesarios 50 diputados y 50 senadores.
Jaime Ignacio del Burgo. Archivo
(Libertad Digital) En declaraciones a este periódico, Jaime Ignacio del Burgo ha afirmado que ya le ha hecho saber al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Zaplana, “que los dos diputados de UPN en el Congreso están “dispuestos a suscribir el recurso de inconstitucionalidad” que a su juicio “debe interponerse contra la ley del Consejo Audiovisual de Cataluña, aprobada por el Parlamento de la Comunidad catalana”.
 
A juicio de Del Burgo, “ningún órgano de naturaleza política puede atribuirse la facultad de juzgar acerca de la veracidad de las informaciones –y menos enjuiciar la procedencia de las opiniones– pues esa función sólo corresponde a los tribunales de justicia. La Constitución no atribuye respecto al modo de ejercer la libertad de expresión y de información ninguna facultad administrativa al Gobierno que pueda implicar un juicio  de valor sobre su contenido”.
 
El portavoz adjunto del Grupo Popular considera que “una cosa es que la ley imponga a las cadenas la obligación de respetar la veracidad y la distinción entre informaciones y opiniones, y otra muy distinta que la Administración o un órgano nombrado por el Parlamento se atribuya el derecho a decidir cuándo se han infringido tales límites e imponer sanciones. Para eso están los jueces. A estas alturas –ha afirmado Del Burgo– el presidente del Gobierno ya debería de haber anunciado su decisión de interponer recurso contra la ley catalana y desautorizado el proyecto del ministro Montilla de extender la "ley mordaza" al resto de España. Espero que  el Defensor del Pueblo actué de inmediato. En cualquier caso, no tengo la menor duda de que lo harán cuando menos cincuenta diputados o cincuenta senadores del Grupo Popular”.

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