L D (EFE) El Ministerio fiscal presentó una querella el pasado 20 de junio contra el presidente de la Cámara Vasca, Juan María Atutxa (PNV), el vicepresidente primero, Gorka Knorr (EA), y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (EB/IU), por su negativa a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak, tal y como les requirió el Tribunal Supremo.
En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la fiscal jefe considera que hay "indicios racionales de la participación" de los portavoces Egibar, Morcillo y Larreina, "en concepto de cooperadores necesarios en el delito de desobediencia a la autoridad judicial", del que están acusados los miembros de la Mesa Atutxa, Knorr y Bilbao.
La fiscal jefe recuerda que el 9 de junio la Mesa de la Cámara aprobó una propuesta de resolución general de Presidencia encaminada a cumplir el mandato legal para disolver a SA que, sin embargo, no obtuvo el parecer favorable de la Junta de Portavoces, reunida al día siguiente, tal y como exige el Reglamento del Parlamento Vasco. Esta resolución no prosperó en la Junta de Portavoces, a la que no acudió el representante de EB/IU, al recibir los votos contrarios de Egibar, Morcillo y Larreina.
La Fiscalía concluye que "gracias a esta insólita y sin precedentes en la Cámara Vasca, actuación de la Junta de Portavoces, directamente orquestada para desautorizar la decisión adoptada el día anterior por los representantes de las mismas formaciones políticas en la Mesa del Parlamento", Atutxa argumentó la "imposibilidad de dar cumplimiento" a las resoluciones de los autos del Tribunal Supremo.
Asimismo, la fiscal jefe del TSJPV recuerda que, a pesar de los reiterados emplazamientos judiciales para que el Parlamento Vasco proceda a la disolución de Sozialista Abertzaleak, estos requerimientos "siguen sin cumplirse" y SA "sigue participando en la vida política vasca y disfrutando de los derechos que, como grupo parlamentario le están reconocidos".
En su escrito inicial de querella, la Fiscalía consideraba a los tres primeros querellados coautores de un delito de desobediencia previsto y penado en el artículo 410 del Código Penal, "al existir una abierta negativa, concluyente aunque enmascarada habilidosamente por los mismos, bajo la hábil dirección de Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa, cuyo cumplimiento había sido reiterado, emanada de un órgano judicial competente".
El delito de desobediencia está penado con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Atutxa, Knorr y Bilbao declararon por esta causa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 3 de diciembre del año pasado.
A principios de este mes, la defensa de los tres encausados remitió un escrito a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Nekane Bolado en el que solicitaba el archivo de la querella interpuesta por el presunto delito de desobediencia por negarse a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak. La defensa de Atutxa, Knorr y Bilbao alegó que la querella contraviene la inviolabilidad de los parlamentarios, "menoscaba" el principio constitucional de separación de poderes y "erosiona" la autonomía parlamentaria y la libertad de expresión.
En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la fiscal jefe considera que hay "indicios racionales de la participación" de los portavoces Egibar, Morcillo y Larreina, "en concepto de cooperadores necesarios en el delito de desobediencia a la autoridad judicial", del que están acusados los miembros de la Mesa Atutxa, Knorr y Bilbao.
La fiscal jefe recuerda que el 9 de junio la Mesa de la Cámara aprobó una propuesta de resolución general de Presidencia encaminada a cumplir el mandato legal para disolver a SA que, sin embargo, no obtuvo el parecer favorable de la Junta de Portavoces, reunida al día siguiente, tal y como exige el Reglamento del Parlamento Vasco. Esta resolución no prosperó en la Junta de Portavoces, a la que no acudió el representante de EB/IU, al recibir los votos contrarios de Egibar, Morcillo y Larreina.
La Fiscalía concluye que "gracias a esta insólita y sin precedentes en la Cámara Vasca, actuación de la Junta de Portavoces, directamente orquestada para desautorizar la decisión adoptada el día anterior por los representantes de las mismas formaciones políticas en la Mesa del Parlamento", Atutxa argumentó la "imposibilidad de dar cumplimiento" a las resoluciones de los autos del Tribunal Supremo.
Asimismo, la fiscal jefe del TSJPV recuerda que, a pesar de los reiterados emplazamientos judiciales para que el Parlamento Vasco proceda a la disolución de Sozialista Abertzaleak, estos requerimientos "siguen sin cumplirse" y SA "sigue participando en la vida política vasca y disfrutando de los derechos que, como grupo parlamentario le están reconocidos".
En su escrito inicial de querella, la Fiscalía consideraba a los tres primeros querellados coautores de un delito de desobediencia previsto y penado en el artículo 410 del Código Penal, "al existir una abierta negativa, concluyente aunque enmascarada habilidosamente por los mismos, bajo la hábil dirección de Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa, cuyo cumplimiento había sido reiterado, emanada de un órgano judicial competente".
El delito de desobediencia está penado con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Atutxa, Knorr y Bilbao declararon por esta causa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 3 de diciembre del año pasado.
A principios de este mes, la defensa de los tres encausados remitió un escrito a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Nekane Bolado en el que solicitaba el archivo de la querella interpuesta por el presunto delito de desobediencia por negarse a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak. La defensa de Atutxa, Knorr y Bilbao alegó que la querella contraviene la inviolabilidad de los parlamentarios, "menoscaba" el principio constitucional de separación de poderes y "erosiona" la autonomía parlamentaria y la libertad de expresión.