En un comunicado, la edil señaló que el agua "es un bien común de todos los españoles, que nadie puede atribuirse como una propiedad exclusiva, sino que debe ser distribuida de forma justa y equitativa a través de los planes de cuenca".
Por ello, recalcó que esa hipotética reserva es "inaceptable, insolidaria e injustificada" y advirtió de que "implicaría un serio riesgo para el suministro de agua potable de la ciudad de Valencia y su área metropolitana, donde el consumo de más un millón y medio de valencianos depende en gran medida del agua del Xúquer".
La reserva de 6.000 hectómetros cúbicos de agua que se pretende incluir en el Estatuto de Castilla-La Mancha implica "que no llegue una gota de agua del Xúquer a Valencia", y ahora mismo, de cada cuatro litros de agua potable que consumen los valencianos tres provienen del Xúquer. En este sentido, manifestó la "total disconformidad" del Ayuntamiento de Valencia con esta medida que tildó de "arbitraria e insolidaria". Para la concejala, en materia hídrica "no es posible que se adopten medidas parciales", sino que las decisiones sobre el agua "tienen que ser fruto del consenso de todas las comunidades autónomas".
Ramón-Llin recordó que "históricamente los valencianos han sido un ejemplo en la gestión del agua", y puso como ejemplo el milenario Tribunal de las Aguas, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. "Este Tribunal ha pervivido y es respetado desde hace más de un siglo porque considera el agua como un bien de todos, sobre el que nadie ni nada puede imponer su derecho sin tener en cuenta a los demás", recordó la edil.
Del mismo modo, respaldó la propuesta de la Generalitat valenciana para que el Gobierno central convoque una conferencia de presidentes autonómicos para tratar la distribución del agua entre todos los territorios de España. Así, exigió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que convoque "cuanto antes" este encuentro "si no quiere que el agua sea un motivo de enfrentamiento".
Ramón-Llin afirmó que "sólo con sentido de Estado y con responsabilidad, y no de manera arbitraria, es como debe buscarse un consenso en materia hídrica". Asimismo, apuntó que "el atribuirse en exclusiva una reserva de agua es tan injusto y descabellado que puede llegar a poner en riesgo el suministro de agua para el consumo humano de la tercera capital de España", insistió.
A su juicio, "el agua se ha convertido en un problema porque en los últimos siete años el gobierno de Zapatero, además de derogar el Plan Hidrológico Nacional aprobado por mayoría absoluta en el Consejo Nacional del Agua, no ha propiciado el acuerdo sobre su distribución, sino que ha actuado con un criterio partidista, sin buscar el consenso, y pensando sólo en sus intereses electorales en cada una de las autonomías”.