Último intento del juez Baltasar Garzón para evitar que el gobierno de los jueces lo aparte de la Audiencia Nacional. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este martes escuchar al instructor antes de proceder a su eventual suspensión cautelar por las causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo.
A partir de este martes Garzón tiene un plazo de diez días para presentar sus alegaciones por escrito. El órgano de gobierno de los jueces dice que se ha adoptado esta decisión por razones constitucionales, que hace que se deba oír a la persona aceptada en un proceso para que no se produzca indefensión.
Por primera vez, se escuchará a un juez
La Ley de Procedimiento Administrativo permite conceder esta audiencia al magistrado, de modo que antes de decidir sobre su eventual suspensión cautelar los vocales tendrán en cuenta sus argumentos, y no sólo los que exponga la Fiscalía, a la que ya se ha pedido informe sobre este asunto. Hasta ahora, ningún juez que se ha encontrado en la delicada situación procesal que está Garzón había pedido al Consejo que le escuchase antes de proceder a su inhabilitación, según han señalado fuentes del CGPJ.
La resolución adoptada el martes pasado por el Consejo de pedir el citado informe al Ministerio Público supuso dar el primer paso para suspender temporalmente en sus funciones al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, si bien el contenido del informe del fiscal no es vinculante.
La resolución de la Comisión Permanente fundamenta en esta decisión en los dos autos del Alto Tribunal que pesan sobre Garzón. Según han señalado fuentes del gobierno de los jueces "son dos resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no de cualquier tribunal".
Por otra parte, la Comisión Permanente ha rechazado la petición realizada por Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la II República, solicitando al presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, que se abstuviera de participar en el debate sobre la posible suspensión de Garzón al entender que incurre en "falta de imparcialidad" al haber jurado en su día "lealtad al Caudillo" al entrar en la carrera judicial.
En este punto, el Consejo tiene en cuenta que dicha petición se refiere a un tema "de índole jurisdiccional en trámite ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo" (referida a la recusación de varios magistrados) y en consecuencia "carece de toda competencia legal para entrar en el análisis de lo solicitado". Para este segundo acuerdo, y al estar afectado el propio Dívar, la Comisión Permanente ha estado presidida por el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa.