(Libertad Digital) A continuación reproducimos íntegro el comunicado del Foro de Ermua:
Bilbao. 5 de enero de 2005. El día 3 de enero el Fiscal General del Estado, Sr. Conde-Pumpido, ha hecho pública su decisión personal de no recurrir el auto dictado hace una semana por la juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) Nekane Bolado, por el que ha archivado el proceso abierto en junio de 2003 contra el Presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, y los otros cinco componentes nacionalistas y de IU de la Mesa y de la Junta de Portavoces de dicho Parlamento autonómico por negarse a disolver el Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) –heredero del Grupo Parlamentario Batasuna- ordenada por el Tribunal Supremo en sentencia firme del día 27 de marzo de 2003.
Desde el mismo momento en que se hizo público el auto de la juez Nekane Bolado (nombrada en su día a propuesta de un vocal del PNV en el Consejo General del Poder Judicial) los Ministros de Justicia y de Interior del Gobierno, Sres. López Aguilar y Alonso, se negaron a manifestar si el Ejecutivo nacional era o no partidario de que el Fiscal General del Estado recurriese el archivo del “caso Atutxa”. La excusa esgrimida era que el Gobierno no podía ni debía inmiscuirse en lo que fuese a hacer el Ministerio Fiscal. Pero como es de sobra conocido el art. 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal faculta plenamente al Gobierno para que “interese” (esto es, solicite) determinadas actuaciones de la Fiscalía General, como el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no cesa de hacer en todos cuantos asuntos le preocupan. (Artíc. 8: "El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.")
En consecuencia, la realidad es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha decidido claramente hacer dejación de sus atribuciones y responsabilidades, para permitir que se cerrase el sumario al dirigente nacionalista Juan María Atutxa, en aras a mejorar la imagen del PSE-EE ante el electorado moderado del PNV de cara a las elecciones vascas de la próxima primavera.
La decisión adoptada personalmente por D. Cándido Conde-Pumpido es sumamente irresponsable y supone un claro abandono de su obligación de “velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social” (art. 3.9) y “defender la independencia de los jueces y tribunales” (art. 3.2).
La autoridad y credibilidad del Sr. Conde-Pumpido como defensor del interés general en el ambito judicial, han quedado seriamente dañadas.
La sentencia firme del Tribunal Supremo ordenaba con total claridad la disolución del Grupo Parlamentario de SA, sin permitir ninguna interpretación de dicho mandato. El Parlamento Foral de Navarra dio cumplimiento a esta sentencia en escasas semanas, haciendo pasar al Grupo Mixto a cuantos diputados habían sido elegidos en las listas de Batasuna. Casi dos años después, el Presidente del Parlamento vasco, con la ayuda de los representantes del PNV, EA, IU y de la propia Batasuna, únicamente han mostrado “diligencia” en obstaculizar, retrasar e impedir el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Supremo. El Fiscal General del Estado tiene que ser perfectamente consciente de tan meridiana evidencia.
Por otra parte, el Sr. Conde-Pumpido también tiene que conocer que para defender la independencia de los tribunales su cargo le obliga a “ejercitar las acciones, recursos y actuaciones pertinentes” para que las sentencias dictadas por aquellos sean respetadas y cumplidas por quien proceda. Sin esta defensa efectiva por la Fiscalía General los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo de España, pierden toda autoridad en la sociedad, viéndose imposibilitados a impartir justicia más haya de la toma de decisiones inoperantes, que decaerían en meramente virtuales. El Estado de Derecho queda cuestionado y cada cual trata de imponer sus intereses y proyectos por la vía de los hechos consumados, la amenaza y el desacato.
Que el Fiscal General haya optado por anunciar en el mismo comunicado (y en plenas fiestas) que no pensaba recurrir el archivo del “caso Atutxa” pero que, por otro lado, emprendía acciones contra los dirigentes de Batasuna por su participación en el mítin de Anoeta (de hace mes y medio), pone de manifiesto que es plenamente consciente de lo incorrecto de su primera decisión que trata de ocultar mediante la segunda.
Al promover el archivo del “caso Atutxa” el Sr. Conde-Pumpido y el Gobierno están dando la razón directamente a Juan María Atutxa y a los otros parlamentarios nacionalistas y de IU en su descarada desobediencia al Tribunal Supremo, desautorizando a éste y fomentando la repetición de semejantes conductas delictivas.
Por otra parte, como todas las fuentes judiciales han coincidido en denunciar, en esta ocasión hasta el propio Fiscal General, resulta inadmisible que una jueza instructora se permita desautorizar expresamente en su auto lo acordado por el Tribunal Supremo, acusándole en este caso de “vulnerar los derechos fundamentales … del Grupo Parlamentario SA” y de someterle a “indefensión”.
No obstante, tanta irresponsabilidad y propósitos inconfesados en torno al “caso Atutxa” se han visto frustrados gracias a la valiente y eficaz actuación del sindicato de funcionarios Manos Limpias, que el mismo día 3 de enero ha recurrido ante el TSJPV la decisión de archivar esta causa, gracias a haberse personado en su día como acusación particular. En escasas semanas el Tribunal Superior decidirá la admisión a trámite de este recurso dando, con toda seguridad, una respuesta positiva. En pocos meses este Tribunal se pronunciará sobre el fondo de la cuestión; cuando, como es de prever, se revoque el archivo de la causa y se prepare su vista oral las disculpas aducidas por el Fiscal General y por el Gobierno habrán quedado plenamente desenmascaradas.
En las presentes condiciones políticas, con importantes instituciones del Estado español inclinadas a hacer dejación de sus obligaciones fundamentales en aras al entendimiento con los nacionalistas, van a ser necesarias actuaciones de las plataformas cívicas en los procesos judiciales ya abiertos y en otros nuevos en defensa del marco de connivencia que el pueblo español quiere conservar a toda costa y con el esfuerzo que sea necesario. Por ello, el Foro Ermua -a través de las Gestoras Cívicas de Ermua- emprenderá en breve iniciativas en este sentido.