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El Gobierno autoriza al abogado del Estado a recusar a dos magistrados del TC

La insostenible situación en el Tribunal Constitucional ha vivido un nuevo capítulo. El Gobierno ha decidido, tras el Consejo de Ministros del jueves, recusar a dos miembros del TC, con el fin de asegurarse un control del Tribunal. Es "la primera vez en democracia" que se produce este tipo de intromisión por parte del Ejecutivo. En estos momentos, el Constitucional está integrado por seis magistrados no afines al Gobierno y seis progresistas y el objetivo del Gobierno es que la mayoría recaiga en los cercanos a su ideología.

La insostenible situación en el Tribunal Constitucional ha vivido un nuevo capítulo. El Gobierno ha decidido, tras el Consejo de Ministros del jueves, recusar a dos miembros del TC, con el fin de asegurarse un control del Tribunal. Es "la primera vez en democracia" que se produce este tipo de intromisión por parte del Ejecutivo. En estos momentos, el Constitucional está integrado por seis magistrados no afines al Gobierno y seis progresistas y el objetivo del Gobierno es que la mayoría recaiga en los cercanos a su ideología.
(Libertad Digital) El diario El País lleva la noticia a su portada del viernes bajo el titular "El Gobierno actúa para recusar a dos miembros del Constitucional".
 
Según este periódico, "la batalla por el control del TC está servida" ya que el Consejo de Ministros, tras su habitual reunión adelantada al jueves por el día de la Fiesta Nacional, ha habilitado, en una decisión histórica, a la Abogacía del Estado para la recusación de los magistrados conservadores García Calvo y Rodríguez-Zapata.
 
Esta nueva intromisión del Ejecutivo se produce ante el recurso presentado por el Partido Popular para impedir que la presidenta de la Corte, la progresista María Emilia Casas (y cuya gestión ha sido pues en duda en bastantes ocasiones) dirija con su voto "partidista" los posibles empates. Por este motivo, exigieron que dimitiera al frente de dicho organismo.
 
Ante esta decisión del PP, el Gobierno ha respondido con una recusación histórica, la primera que se produce en democracia, y que refleja una clara intromisión del Ejecutivo en el proceder interno del Tribunal Constitucional. Ahora falta esperar la decisión del propio Tribunal ya que el Servicio Jurídico del estado no podrá realizar ninguna actuación hasta que el Pleno admita a trámite el recurso. Un trámite que, según publica El País, todavía no ha sido adoptado.
 
El Pleno debe anunciar previamente que ha aceptado las abstenciones de la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente Guillermo Jiménez, que fueron deliberadas y votadas el pasado 27 de septiembre, sin la asistencia de Casas ni Jiménez, los cuales no suelen ser "muy asiduos" en el Tribunal según las voces más críticas. Esta petición, por parte de los conservadores, provocó un empate técnico a cinco que se resolvió a favor de las abstenciones por el presidente accidental, Vicente Conde, que utilizó su voto de calidad en favor del sector conservador.
 
Decidida la abstención de Casas y Jiménez, se encargó al ponente de la resolución, el progresista Pablo Pérez Tremps, que redactase un auto para volver a admitir a la presidenta pero los conservadores lo impidieron. Un panorama de crisis que, según argumentan desde Moncloa, le han llevado a tomar la radical decisión de recusación.
 
El objetivo del Gobierno es que los no pro-gubernamentales García Calvo y Rodríguez-Zapata, quienes exigieron por carta la dimisión de María Emilia Casas y pusieron en duda la reforma de la Ley planteada por el Ministerio de Justicia, caigan de su puesto mediante la recusación y conseguir así una mayoría progresista de cinco contra tres. Entonces, Casas y Jiménez no tendrían ningún problema para volver a sus puestos.

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