L D (Europa Press) La Abogacía del Estado ha formulado este viernes un recurso de reforma y subsidiariamente de apelación (que resolverá la Audiencia Provincial de Madrid) contra la decisión de la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, de no permitirle asistir a la declaración como imputado del jefe de Analítica de la Policía Judicial, Francisco Ramírez, por un delito de falsificación en relación con los informes realizados sobre el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los procesados en el 11-M y en un piso franco de ETA.
El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, pide la nulidad de actuaciones por no habérsele permitido asistir a la declaración prevista para este viernes, a pesar de que se autorizó la personación de la Abogacía del Estado el pasado día 13, en nombre de la Administración, ya que al estar imputados responsables policiales, el Estado podría terminar siendo considerado responsable civil subsidiario de lo sucedido.
El escrito, de seis páginas, explica que no se ha dado traslado a la Abogacía del Estado del auto en el que se declaró el secreto del sumario de las actuaciones, bajo el argumento de que también está secreto, por lo que se le impide determinar el motivo que ha obligado a la magistrada a adoptar tal medida y qué bien se intenta proteger con ella. También se pregunta por el momento en el que se decretó el secreto de las actuaciones, ya que la ley prevé la adopción de esta medida por el plazo de un mes, aunque pueda ser prorrogable.
En la mañana de este viernes se personó en el Juzgado número 35 de Madrid la abogada del Estado, Lucía Pedreño, a la que se impidió el acceso a la declaración de Ramírez, en la que sólo estuvieron presentes la fiscal adscrita al caso y el abogado designado para su defensa por el responsable policial. Ante la prohibición, la abogada del Estado presentó un escrito en la Secretaría del Juzgado en el que deja constancia de su disconformidad con la medida, argumentando en primer lugar "el carácter de funcionarios de las personas que al parecer están imputadas".
Tras anunciar la interposición del recurso en el que pide la nulidad de las actuaciones realizadas desde el pasado día 13, cuando se la tuvo por personada, la Abogacía del Estado alegó que "no hay razón para declarar secretar la declaración de hoy ni el secreto de las actuaciones puesto que las actuaciones que se están practicando no afectan a la investigación y el secreto declarado únicamente tiene por objeto la comodidad del Juzgado". Según la abogada del Estado, la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid no debería realizar ninguna diligencia hasta que se haya resuelto el recurso presentado contra el secreto sumarial decretado.