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El Gobierno se prohíbe a sí mismo las campañas de "autoelogio"

Tras aprobar el Código del buen gobierno del Gobierno, el Ejecutivo socialista se prohibirá ahora a sí mismo “las campañas de autoelogio” a través del Proyecto de Regulación de la Publicidad y Comunicación Institucional. Una comisión interministerial resolverá en tres días las solicitudes de quien considere que una campaña institucional incumple las normas contra el autobombo. Cualquier individuo que considere que una campaña institucional incumple estas normas podrá pedir su cese.

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L D (Europa Press) En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el Estado es un importantísimo anunciante y que los Presupuestos Generales para este año recogen una inversión en campañas de publicidad de más de 60 millones de euros, fondos que se destinan "generalmente" a iniciativas "orientadas a promover principios constitucionales, a informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones y a ayudar a tomar decisiones informadas".
 
Reconoció, no obstante, que también "es cierto" que los ciudadanos "han sido testigos indefensos de usos inadecuados" de publicidad de las administraciones. Ante ello, expuso que el Ejecutivo pretende evitar campañas "electoralistas y de autobombo" en las que no se sabe "cuánto se paga, para quién, a qué y por qué"; las que sirven para atacar a otras Administraciones y aquéllas en las que no se aplican criterios de profesionalidad.
 
La vicepresidenta sostuvo que el Gobierno "quiso ponerse de acuerdo con las Comunidades Autónomas" pero que algunas "expresaron reticencia y rechazo". "Por ello el Gobierno ha decidido hoy aplicarse estas normas a sí mismo", deseando que el resto de Administraciones "siga el mismo ejemplo". En concreto, expresó su deseo de que el PSOE, "en el ámbito donde gobierna, adopte normas de carácter similar". De la Vega recalcó que se trata de una normativa para la Administración General del Estado, incluidos los Organismos Autónomos, que regulará las actividades de publicidad y resto de herramientas de la comunicación institucional. Explicó que se prohibirán "directamente" las campañas de autoelogio, las destinadas a menoscabar la labor de otros poderes públicos y aquéllas que confunden mensajes de partidos políticos o agentes sociales.

Además, cualquier individuo que considere que una campaña institucional incumple estas normas podrá pedir su cese y las reclamaciones tendrán respuesta en tres días como máximo. En concreto, las resolverá una Comisión Interministerial de Publicidad y Comunicación Institucional que se creará a estos efectos. "Es un procedimiento de autotutela", resaltó De la Vega, que dijo que la Administración se ajustará "ella misma" a lo que diga la normativa. De no actuarse con legalidad, el mecanismo pasaría por los tribunales de lo Contencioso Administrativo. Insistió en que se busca una "transparencia" por que ahora es "imposible saber" montantes de campaña, cómo se invierte y a quién se adjudica.

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